CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó tres solicitudes de amparo por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales argumentaban razones de seguridad nacional, y buscaban anular por cinco años la entrega de información a Calica.
En este sentido, emitió una orden para que el Ejecutivo proporcione a Calica los resultados de las investigaciones realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con respecto a las “presuntas actividades ecocidas” llevadas a cabo por la empresa estadounidense en Quintana Roo.
La determinación se toma después de que se resolviera un recurso de revisión en materia de seguridad nacional presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), en contra de una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La resolución del INAI solicitaba a Semarnat a entregar a Calica información relacionada con la denuncia presentada ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En junio de 2022, María Luisa Albores, titular de Semarnat, informó sobre la presentación de una denuncia contra Vulcan Materials Company, operadora en México a través de su filial Sac-Tun (anteriormente conocida como Calica).
Esta denuncia dio lugar a un arbitraje internacional, en el cual Calica solicitó información al gobierno federal, la cual le fue denegada bajo el argumento de razones de seguridad nacional. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso la divulgación de la información debido al interés público en conocer los posibles daños ambientales ocasionados por la empresa estadounidense.
El proyecto del ministro González Alcántara Carrancá fue aprobado con nueve votos a favor y dos en contra, tras el rechazo de tres solicitudes de amparo que buscaban anular la entrega de información a Vulcan Materials Company, basadas en razones de seguridad nacional.
“La Corte determinó que no puede sostenerse el argumento presentado por la Consejería Jurídica, en el sentido de que el INAI debió haber evaluado la causal de excepción de seguridad nacional, incluso cuando esta no fue argumentada en su momento por Semarnat”, detalla la resolución.
Además, la Corte aclaró que la divulgación de la información contenida en la denuncia no afectará al arbitraje en curso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en el cual Vulcan Materials reclama un pago de mil 900 millones de dólares como compensación por los múltiples conflictos que ha mantenido con las autoridades desde 2016.
Fuente: El Sol de México