CANCÚN.- El Poder Judicial se suma al llamado de unidad para que Quintana Roo continúe siendo una tierra próspera, con oportunidades de manera segura y confiable, aun cuando en este año se sufrió el embate sanitario y desastres naturales, en tiempos donde nos corresponde, como sociedad, demostrar la solidaridad que nos caracteriza, sostuvo el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, José Antonio León Ruiz, durante la firma del “Pacto de Reactivación Económica Responsable”.
Ante el Titular del Ejecutivo y representantes de diversos sectores productivos, León Ruiz destacó que para salir delante de estos retos, la participación armoniosa de los entes públicos y de la sociedad civil es y será fundamental. Por ello, el compromiso del Poder Judicial para quienes suscriben el Pacto de reactivación económica responsable, que se traducirá en beneficio para las familias quintanarroenses.
“En el Poder Judicial, nos corresponde contribuir, desde la impartición de justicia, en el fortalecimiento y la recuperación económica de nuestro Estado”, acotó, al externar en representación de las y los magistrados y consejeros de la Judicatura, el reconocimiento por la coordinación de las acciones del sector público y privado, que han permitido que Quintana Roo en su desarrollo y crecimiento no se detenga.
Durante su intervención, consideró que hemos aprendido a vivir con la pandemia, y pero que el día de mañana seguiremos resintiendo sus efectos, por ello con celeridad se ha tenido que adaptar a las circunstancias, dándole una nueva definición a lo que implica la vida en sociedad y adoptando prácticas seguras para continuar con las actividades cotidianas.
Dijo que el esfuerzo se ha centrado en continuar los servicios como necesidades básicas de la población, y por ello en el Poder Judicial, la impartición de justicia no se detuvo, puesto que desde el primer momento se optó por el uso de las tecnologías para desahogar actividades jurisdiccionales de manera no presenciales, en los asuntos urgentes primordialmente del orden familiar y penal, aplicándose las medidas necesarias para salvaguardar la salud del personal y del público usuario.