SINALOA.- La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, afirmó que el nombramiento del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública estatal en 2023 fue una decisión tomada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no directamente por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
La declaración se dio luego de que se confirmara la detención de Mérida Sánchez en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con la facción criminal de “Los Chapitos”.
“Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena que lo envía al estado de Sinaloa como Secretario de Seguridad Pública del Estado”, expresó Bonilla.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, el exfuncionario fue detenido por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos el pasado 11 de mayo, tras ingresar por el cruce fronterizo de Nogales, Arizona.
Mérida Sánchez ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusa de asociación delictuosa para el tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de conspiración para la posesión de armas de alto poder vinculadas con delitos de narcotráfico.
Según la acusación, el exsecretario habría recibido más de 100 mil dólares mensuales en sobornos por parte de “Los Chapitos” a cambio de brindar protección a sus operaciones criminales.
Entre las conductas que le atribuyen las autoridades estadounidenses se encuentran presuntamente ordenar a policías estatales no detener a integrantes del grupo criminal, perseguir a organizaciones rivales, filtrar información sobre investigaciones federales y alertar sobre operativos militares y cateos.
El expediente judicial señala además que, tan solo en 2023, habría advertido sobre al menos diez redadas, permitiendo que integrantes de la organización retiraran drogas, armas y equipo antes de las intervenciones.
En caso de ser declarado culpable, Mérida Sánchez podría enfrentar una condena mínima de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.
Durante la misma entrevista, Yeraldine Bonilla aseguró que las investigaciones contra exfuncionarios sinaloenses no afectan el funcionamiento del gobierno estatal.
“Decirle a los sinaloenses que para nada afecta a nuestro estado, para nada representa algún daño al estado. Nosotros seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en el estado y en los municipios”, sostuvo.
La mandataria interina también dijo no tener información adicional sobre las investigaciones contra el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien también enfrenta acusaciones en Estados Unidos.
Díaz Vega es señalado por fiscales estadounidenses de presuntamente fungir como enlace entre “Los Chapitos” y el gobierno de Rubén Rocha Moya, además de facilitar la colocación de funcionarios afines al grupo criminal dentro de la administración estatal.
La acusación sostiene que antes de la elección de 2021 habría sostenido reuniones con Iván Archivaldo Guzmán y otros integrantes de la organización, e incluso entregado información sobre adversarios políticos de Rocha Moya para presuntamente intimidarlos y obligarlos a abandonar la contienda electoral.