CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que los próximos 24 y 25 de agosto, más de un millón de docentes participarán en un debate sobre el uso de dispositivos digitales en 200 mil escuelas de nivel básico del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que actualmente 16 estados cuentan con regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares durante las clases y explicó que el objetivo es analizar la posibilidad de establecer lineamientos para todo el país.
Antes de avanzar en una regulación nacional, indicó, el Gobierno federal buscará conocer la opinión de maestras y maestros, quienes mantienen contacto permanente con madres y padres de familia.
“Vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros, cuál es su opinión, y también ellos, evidentemente, tienen mucho contacto con padres y madres de familia. Y después de eso, ya pasaríamos, pues, al tema de cómo evitar el uso excesivo”, explicó.
Sheinbaum agregó que la discusión no se limitará al uso de teléfonos dentro de las aulas, sino que también abordará los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes al utilizar redes sociales y plataformas digitales.
Entre las preocupaciones mencionó la exposición a contenidos no solicitados, material inapropiado y el contacto de adultos con menores de edad.
La mandataria señaló que otro de los objetivos será proporcionar información a madres y padres de familia sobre las medidas adoptadas en otros países para proteger a los menores y, a partir de ello, analizar mecanismos que permitan regular el acceso a redes sociales y plataformas digitales.
Por separado, Ravi Iyer, director general del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California y excolaborador de Meta, advirtió que los algoritmos de las redes sociales están diseñados para maximizar la interacción, lo que puede propiciar un uso excesivo y aumentar la exposición de menores a contactos y contenidos no deseados.
Iyer se refirió a los litigios que enfrenta Meta por el funcionamiento de sus plataformas y señaló que un tribunal de Nuevo México determinó que las empresas de redes sociales pueden ser responsables de los daños relacionados con el diseño de sus servicios.
Entre las medidas señaladas se encuentran reforzar la verificación de edad, ocultar de manera predeterminada el conteo público de “likes” en cuentas de menores de 18 años, desactivar las notificaciones durante la noche y el horario escolar y establecer límites al tiempo de utilización de Facebook e Instagram.
También se contempla mantener privadas por defecto las cuentas de adolescentes, impedir que se recomienden perfiles de niños a adultos sin relación con ellos y restringir el envío de mensajes entre ambos grupos.
Iyer señaló además que deberán establecerse medidas para evitar que menores de 18 años mantengan interacciones románticas o sexualizadas con chatbots de Meta, incluido el desarrollo de vínculos emocionales con productos de inteligencia artificial.
“El problema no son los usuarios malos que publican contenido negativo, es un sistema diseñado para fomentar el uso excesivo, el contacto indeseado y la exposición a contenido no deseado y dañino”, sostuvo.
El académico citó una investigación interna de Meta, difundida como parte de un litigio en Nuevo México, según la cual 13 por ciento de los usuarios de Instagram de entre 13 y 15 años reportó haber recibido alguna insinuación sexual no deseada durante un periodo de siete días.
En la misma encuesta, 19.2 por ciento de los menores de entre 13 y 15 años aseguró haber visto desnudos o contenido sexual no solicitado durante una semana.
Iyer sostuvo que este tipo de material puede llegar a los menores mediante sistemas de recomendación diseñados para mantener su atención, aun cuando ellos no lo hayan buscado.
Por su parte, Meta ha rechazado las acusaciones formuladas por varios fiscales estatales y las ha calificado de “infundadas”. La empresa enfrenta un juicio relacionado con la presunta generación de adicción a sus redes sociales entre niños y adolescentes, en el que se reclaman indemnizaciones de al menos mil 400 millones de dólares.
La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, del Distrito Norte de California, escuchará a partir del próximo martes 18 los argumentos de las partes en un juicio con jurado impulsado por 29 fiscales estatales, entre ellos el de California.