Uno de los crímenes que mayor impacto provoca en la percepción de seguridad de los ciudadanos es el asesinato de alcaldes, debido a que, sin importar el partido político, son éstos los primeros responsables de brindar mejor calidad de vida a las poblaciones. Algunos, los que dirigen Municipios urbanos “seguros”, pueden llevar una administración relativamente tranquila, pero el resto tiene que lidiar incluso directamente con el crimen organizado, con el cual llevan siempre las de perder. Así, durante todo el Gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 39 muertes de presidentes municipales, ocho más que las registradas en el sexenio de Felipe Calderón. Hoy, en poco más de dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, han ocurrido “solo” nueve homicidios, tres de ellos en Oaxaca, dos en Veracruz y el resto en Chihuahua, Michoacán, Estado de México y Coahuila, pero de ese número apenas tres han sido resueltos, con sólo dos sujetos hallados culpables y sentenciados. Y además, Gobiernos como el de Veracruz estarían prestando oídos sordos a las solicitudes de apoyo de los munícipes, lo que habría costado la vida de la perredista Florisel Ríos Delfín hace apenas unos días.
Javier Ramírez
Javier Ramírez
Aunque sólo se han registrado dos asesinatos de alcaldes este año, que es un número muy bajo en comparación con los seis casos ocurridos en 2019, en total nueve ediles han sido ejecutados en lo que va de la actual administración federal.
Cuatro eran abanderados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuatro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y una del Revolucionario Institucional (PRI).
Además, casi todos estuvieron acompañados por colegas o familiares al momento de haber sido víctimas de la delincuencia, por lo que han resultado muertas otras cinco personas.
Y sin embargo, solo tres muertes ha sido resueltas por las autoridades. Del resto no ha habido avances y es posible que sus sicarios nunca sean atrapados, a pesar de que existen varias líneas de investigación que involucran al crimen organizado en los Estados de Oaxaca y Veracruz, que es donde han ocurrido más de la mitad de los casos.
Primera occisa
En diciembre de 2018, las autoridades reportaron la desaparición de la alcaldesa del Municipio de Juárez, Chihuahua, Olga Gabriel Kobel Lara, de 42 años de edad, del Partido Revolucionario Institucional.
Su vehículo había sido localizado abandonado en un camino del Municipio de Sabinas, donde recogería a su hija. Debido a que no había rastros de violencia dentro de la unidad, las autoridades descartaron que el crimen organizado estuviera involucrado.
Seis días después, el 16 de diciembre, la Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de su cuerpo, enterrado en un rancho del empresario David Ernesto Olivo Vázquez, propietario de Fábricas Metálicas Especializadas, S.A. (Famesa).
De acuerdo con las autoridades, la alcaldesa había acordado reunirse con el susodicho en la propiedad de éste, donde tuvieron una discusión debido a que ella le había solicitado el pago de una deuda de 700 mil pesos al Ayuntamiento por trabajos inconclusos. El sujeto, con quien la hoy occisa había mantenido una relación sentimental, se molestó y la atacó. Ésta trató de defenderse mordiéndolo, hasta que él sacó un arma y le disparó en el abdomen dos veces.
Luego, con la ayuda de uno de sus trabajadores, prendió fuego al cuerpo y lo sepultó en el mismo rancho.
En febrero de 2019, el empresario fue condenado a 60 años de cárcel. El cómplice, Juan Antonio Pizarro, recibió 10 años de prisión por coparticipación en el ocultamiento e incineración del cuerpo.
Seis crímenes en 2019
La primera muerte ocurrió apenas unas horas de haber iniciado el año, cuando en la tarde del 1 de enero el presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago, del Morena, fue acribillado 30 minutos después de haber rendido protesta al cargo.
Durante el ataque también resultó muerto el síndico Perfecto Hernández, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas, incluida la regidora Cleotilde Santos.
Uno de los presuntos sicarios, un expolicía municipal identificado como Jorge M.V., de 34 años, fue detenido al momento del ataque, por lo que quedó vinculado a proceso. En abril, otros dos sujetos fueron aprehendidos, uno de ellos acusado de ser el autor intelectual.
El segundo crimen sucedió el 23 de abril, día en que fue hallado el cadáver maniatado y con huellas de tortura del alcalde perredista de Nahuatzen, Michoacán, David Otilica Avilés, quien horas antes había sido “levantado” en su vivienda.
Horas antes, el edil había tenido un altercado con integrantes del Concejo Ciudadano de la comunidad de Sevina, con quienes tenía un conflicto por el control y uso del presupuesto municipal. Los concejeros lo habían acusado de usar irregularmente los recursos. Dos días después, y luego de un enfrentamiento entre empleados del Ayuntamiento y los referidos concejeros, fue aprehendido el presunto responsable de la muerte del alcalde, Gerardo A.
Dos días después del homicidio de Otilica Avilés, se registró la muerte de la morenista Maricela Vallejo Orea, munícipe de Mixtla de Altamirano, Veracruz; de su esposo Efrén Zopiyactle y de su chofer, cuando fueron atacados mientras circulaban en la carretera Zongolica-Orizaba.
Años antes, en diciembre de 2017, la alcaldesa denunció que había sido amenazada con que sería asesinada si no aceptaba 300 mil pesos para renunciar a la presidencia municipal. Hasta el momento no hay pistas que lleven a la localización y detención de los asesinos.
El 17 de agosto, los cuerpos de Carmen Parral Santos, alcaldesa de San José Estancia Grande, Oaxaca, y de un acompañante, fueron encontrados en el interior de un vehículo, cerca del Municipio de Villa de Tultepec de Melchor Ocampo. Ambos presentaban disparos de arma de fuego.
De filiación perredista, había ganado notoriedad y se le veía como ejemplo de una mujer empoderada, al ser la primera en reelegirse como presidenta municipal en aquella entidad. A pesar de que se ha pedido tipificar el crimen como feminicidio, no se han dados mayores avances del caso.
El 29 de octubre, el alcalde de Valle de Chalco, Estado de México, Francisco Tenorio Contreras, recibió un disparo cuando realizaba un recorrido en un fraccionamiento. Cinco días después se reportó su fallecimiento.
El edil morenista había denunciado a principios de año que integrantes de un grupo criminal lo habían amenazado de muerte luego de que su gobierno había dado fuertes golpes contra bandas dedicadas al robo de automóviles. En ese entonces, presentó material audiovisual para constatar las amenazas, pero aun así rechazó solicitar seguridad personal. Sus atacantes nunca fueron identificados.
El último crimen de ese año se registró el 23 de diciembre, en el Municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca, cuando el edil Arturo García Velásquez, del Morena, fue atacado a balazos en medio de una celebración navideña realizada en las instalaciones del DIF local. En el hecho también falleció el síndico Javier Terrero.
El hoy occiso estuvo involucrado meses antes en un problema con la justicia, cuando elementos de la Fiscalía General de la República lo detuvieron junto con otras nueve personas -entre ellos comandantes de la Policía Municipal- por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de particulares y por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, un juez determinó que había irregularidades en la detención y los dejó en libertad.
Veracruz, con dos alcaldesas muertas
No se volvió a registrar otro ataque en contra de alcaldes sino hasta nueve meses después, el 30 de septiembre de este año, cuando el edil de Temósachi, Chihuahua, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, fue encontrado muerto a un lado de la carretera al Municipio de Bocoyna, con una herida de arma de fuego y con una bolsa de plástico en la cabeza.
El alcalde perredista, de 57 años de edad, había sido “levantado” dos días antes por un comando, afuera de sus oficinas.
Finalmente, el pasado 11 de noviembre, fue encontrado el cuerpo sin vida de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, Veracruz, quien horas antes había sido sacada a la fuerza de su casa por un grupo de al menos 10 hombres.
Una semana antes había solicitado al secretario de Gobierno del Estado, Eric Cisneros, seguridad para ella y su familia, asegurando que temía por su vida, pero no se le concedió. La alcaldesa había tenido problemas con el síndico Julio César Sosa Villalbazo, quien había apoyado a un grupo de extrabajadores municipales para que tomaran el palacio municipal a fin de exigir su reinstalación.
Los quejosos habían interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de la alcaldesa y su grupo de trabajo, incluido su esposo Fernando Hernández, quien era presidente del DIF municipal; el director de Obras Públicas, Carlos “N”, y la tesorera Aurora “N”. El primero escapó, mientras que los otros fueron aprehendidos, por presuntos malos manejos.
El gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, informó que hay tres líneas de investigación por el homicidio, entre estos uno en el que estaría involucrado el círculo cercano de la hoy occisa. Además, reiteró que Eric Cisneros se mantendría como secretario de Gobierno, a pesar de que éste aceptó que no brindó a Ríos Delfín la protección que solicitó.