CHETUMAL.- La revelación de una red de presuntas licencias de conducir falsas vinculadas al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) mantiene en alerta a la ciudadanía, mientras su titular, Rafael Hernández Kotasek, intenta reducir el escándalo a un incidente externo y aislado.
Sin embargo, la narrativa oficial no resiste el escrutinio público.
Aunque Hernández Kotasek afirma que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el caso —pues supuestamente ocurrió fuera de Quintana Roo—, evitó explicar cómo puede asegurar que ningún trabajador del instituto esté involucrado, cuando precisamente los señalamientos ciudadanos apuntan a personal del área de licencias, donde históricamente se han denunciado irregularidades.
El funcionario insiste en que el sistema de Quintana Roo es “seguro” y que cualquier documento falso sería detectado en aeropuertos o puntos de revisión.
Pero el problema no es si la licencia falsa se detecta después, sino cómo salió del propio aparato institucional, un punto que el Imoveqroo evita abordar.
Para agregar más sospechas, Hernández Kotasek también negó que los recientes movimientos internos estén relacionados con el escándalo, incluyendo el relevo de Violette Eljure Eljure, exdirectora de Control de Licencias y Enlace con Municipios y Agrupaciones.
La versión oficial habla de simples “ajustes”, pero el contexto apunta a un intento por desactivar la presión mediática, no a transparentar responsabilidades.
No es la primera vez que el gobierno intenta desinflar el tema.
El pasado 20 de noviembre, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, también minimizó denuncias directas de ciudadanos que aseguraron haber recibido ofertas de licencias sin exámenes y sin acudir al módulo por hasta 1,800 pesos.
Aun así, la funcionaria lo redujo a “dinámicas internas”.
La combinación de testimonios, documentos irregulares, cambios administrativos súbitos y versiones oficiales contradictorias configura ya un deterioro institucional evidente dentro del Imoveqroo.
La ciudadanía exige que la FGE investigue a fondo —y no sólo “lo que haya ocurrido fuera del estado”— para esclarecer si existe o existió una red operando desde el interior del instituto, porque todo apunta a que el problema no es externo, sino estructural.