El expresidente Enrique Peña Nieto volvió a ser noticia, al revelarse que una compañía que estableció en 1991 junto con su padre y otros familiares en el Municipio de Atlacomulco, Estado de México, fue beneficiada con más de 12 mil millones de pesos en contratos gubernamentales durante su sexenio, tras una fusión con una compañía estadounidense. La compañía, que incluso fue galardonada por el mismo Peña con el Premio Nacional de Calidad en el año 2014, continúa percibiendo millonarias ganancias gracias a que los contratos con el Gobierno federal para dar suministro a hospitales y dependencias federales y estatales siguen vigentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya pidió que se revisen los contratos para conocer si fueron por asignación directa o licitaciones. Mientras tanto, los líderes nacionales del PAN y del PRD, Marko Cortés y Ángel Ávila, respectivamente, no han perdido tiempo para reclamar al Gobierno federal que se actúe en contra del exmandatario, pese a que junto con el PRI ambos partidos fomentaron la corrupción en todos los niveles gubernamentales. Peña Nieto perdió el rumbo de su mandato, empezó a descarrilar a su partido hacia el abismo, y favoreció el crecimiento de la causa anticorrupción de su sucesor, cuando empezaron a sucederse los escándalos por tráfico de influencias y conflictos de intereses de su Gobierno –la ‘casa blanca’, el tren México/Querétaro, Odebrecht, la ‘estafa maestra’ y otros desvíos presupuestarios para el financiamiento de campañas-, los que no sólo lo han identificado como uno de los más turbios de la historia sino también de los más nocivos para el país. Y si bien es cierto que la promesa cumplida del expresidente -de respetar los resultados electorales y el triunfo de la candidatura presidencial de López Obrador- habría comprometido la de no perseguirlo penalmente desde el actual Gobierno, el rastro delictivo de Peña y su reincidencia en la ilegalidad parecen no dejar otro camino que el de consignarlo penalmente.
Javier Ramírez
La sociedad mercantil denominada Plasti-Estéril S.A. de C.V., ubicada desde 1991 en la zona industrial del Municipio de Atlacomulco, Estado de México, alcanzó notoriedad al fusionarse en 2011 con Baxter S.A. de C.V., filial de la transnacional Baxter International Inc., establecida en México a principios de los años 2000.
La razón fue simple: con la llegada a la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto, miembro fundador de la compañía, la referida alianza obtuvo contratos para suministrar equipo médico a dependencias como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena y hospitales dependientes de la Secretaría federal de Salud. Ahora dicha compañía podría ser investigada para determinar si fue beneficiada con el tráfico de influencias.
Con sede en Atlacomulco
De acuerdo con una investigación realizada y presentada por el periódico El Universal, en 1991 Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto, su tío Arturo Peña del Mazo y el ingeniero Víctor Manuel Monroy Naime, crearon la sociedad mercantil denominada Plasti-Estéril S.A. de C.V., en el Municipio de El Oro, Estado de México, con un capital mínimo de cinco millones de pesos, con el objetivo primordial de fabricar, distribuir, comercializar e importar productos estériles para hospitales y la industria farmacéutica en general. Tras la conformación, su planta quedó establecida en la zona industrial de Atlacomulco.
En octubre de 2011, un mes después de que Enrique Peña Nieto terminara su gestión como gobernador del Estado de México y se alistara para lanzar su candidatura presidencial, Plasti-Estéril se fusionó con la filial mexicana de Baxter International, compañía que desde 2002 había estado obteniendo diversos contratos por medio de la plataforma Compranet. Una vez asumió Peña Nieto la Presidencia de la República, los contratos comenzaron a dispararse.
Beneficiados con 84 contratos
En 2013, Baxter S.A. de C.V. se convirtió en proveedor de materiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Petróleos Mexicanos (Pemex) y varios hospitales dependientes de la Secretaría de Salud federal (Ssa).
De esta manera, documenta el reportaje, en 2013 obtuvo 84 contratos que le dejaron ganancias por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en 2014 consiguió 210 contratos y sumó mil 695 millones 964 mil 070 pesos; en 2015 ganó 190 contratos por cinco mil 669 millones 019 mil 444 pesos; en 2016 obtuvo 125 contratos y mil 149 millones 671 mil 265 pesos; en 2017 fueron 288 contratos por mil 159 millones 982 mil 506 pesos; en 2018, al final del sexenio peñista, consiguió 150 contratos y mil 470 millones 192 mil 038 pesos. En total, durante todo el sexenio de Peña Nieto, Baxter S.A. de C.V. se embolsó 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos.
Sin embargo, el millonario negocio se ha extendido. En el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Baxter mantuvo 132 contratos que le redituaron mil 136 millones 374 mil 018 pesos. Y en 2020, hasta abril, tenía ya 62 contratos con 240 millones 730 mil 281 pesos.
Investigación y reclamos
Interrogado al respecto, el presidente Andrés Manuel pidió que se revisen los contratos que la referida empresa ha recibido para determinar si fueron por licitación o por asignación directa.
El mandatario aprovechó para recordar que “venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está limpiando, barriendo de arriba para abajo. Estamos poniendo bastante cloro y jabón, y desinfectante y todo”.
El jefe del Ejecutivo ofreció disculpas “por las molestias que causa el combate a la corrupción”, y pidió a sus adversarios que se serenen, porque la limpieza continuará.
Y hablando de adversarios, Marko Cortés y Ángel Ávila, presidentes naciones de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, no tardaron en reclamar al Gobierno de Andrés Manuel que aplique la ley sin miramientos.
Mediante su cuenta de Twitter, Marko Cortés señaló que “en el combate a la corrupción no debería haber intocables, no importa si se trata de expresidentes o de actos cometidos en este Gobierno, la ley debe aplicarse para todos”.
Por su parte, Ángel Ávila destacó que “se nos ha prometido mucho que se va a investigar a fondo y se va a dar con responsables si es que hubo actos de corrupción, [aunque] a la fecha pareciera ser que el único personaje que ha pagado por actos de corrupción es la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles… fuera de ahí ningún otro personaje del círculo cercano de Peña Nieto ha sido señalado”, dijo, omitiendo que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está bajo proceso de extradición en España a partir de la consignación iniciada en su contra por la Fiscalía General de la República.
No justifico que haya trafico de influencias ni antes ni ahiea, tampoco que se viole la ley de adquisiciones ni antes ni shora; ambos son delitos. Afirmo wue si antes o ahora se violo la ley, se castigue a los culpables. Pregunto, antes y ahora se ha suministrado lo que se pago? Los precios han sido los correctos?
Si antes no se actuo, es tiempo de hacerlo sin tantos aspavientos. Lo justo es que paguen los que violaron la ley antes y ahoea, pero no a periodicasos, con procesos legsles y condenados de la misma maners
Lis Mexicanos pedimos y merecemos resoeto.