Signos
En represalia contra la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos -exsecretario de la Defensa Nacional de México a quien la DEA intentó procesar penalmente bajo cargos de narcotráfico y el Gobierno mexicano salvó de la prisión y devolvió a su país para dejarlo en absoluta libertad, sin revisar siquiera la grave causa que se le seguía-, el presidente López Obrador decidió impedir, en la mayor medida posible, la persecución de narcos operada en México por la DEA y otros organismos estadounidenses de Inteligencia, y promovió para ello una nueva Ley de Seguridad Nacional que la criminaliza y desde la que pretende desmantelar todas las operaciones internacionales anticrimen encubiertas.
Es decir: Andrés Manuel llevó al plano constitucional, para sentar un precedente inequívoco de las dimensiones de su voluntad, la prohibición de unas actividades extranjeras de espionaje e investigación policial cuyos rangos de ejercicios bien pudieran establecerse a partir de criterios operativos fijados en acuerdos y programas bilaterales o multilaterales, o determinados para algunos o para todos los casos.
Los fracasos de México contra el crimen en general y contra el ‘narco’ en particular, siguen siendo catastróficos. Evidencian un Estado de derecho fallido y propiciatorio de una aberrante impunidad de campeonato mundial, donde la delincuencia y la violencia se multiplican, y donde las instituciones del sistema de Justicia son, por tanto -gracias a su corrupción, a su ineficacia, y a la omisión y la inviabilidad legislativas y jurídicas que se contienen, sobre todo, en el ‘debido proceso’-, las principales enemigas de la paz social y de la seguridad de los ciudadanos. De modo que una disposición tan ‘soberanista’ como la del presidente mexicano, si bien defiende los principios ideológicos contra el intervencionismo, acaso en el planeta de los hechos y de las necesidades inmediatas de la gente parezca más retórica y propagandista, y por tanto más cercana al interés de los beneficiarios de la impunidad y la injusticia. Porque si bien ese intervencionismo estadounidense contra el ‘narco’ ha violentado, en efecto, los valores nacionalistas defendidos por Andrés Manuel, también lo es que ha sido el único instrumento eficaz contra el crimen, y que se ha desplegado en su ilegalidad por dos motivos esenciales: la impotencia absoluta para elevar los estándares de los aparatos de Seguridad Pública y de Justicia, y la falta de compromiso y de aptitud para regular una colaboración con los organismos de Inteligencia extranjeros, donde las iniciativas y los programas conjuntos en dichas materias sean convergentes y se ajusten tanto a los objetivos como a las leyes de sus respectivas naciones.
Andrés Manuel refiere que no puede haber buena política exterior sin buena política interior. Y en esa lógica inobjetable, no pueden ser sino desafortunadas las relaciones con los Estados Unidos en el orden estratégico de la seguridad común y del combate al narcoterror, como enemigo fundamental que es de ambos pueblos. La política interior de México sigue siendo un fraude en el sentido esencial de la protección de las garantías fundamentales; siguen siendo un fraude las políticas de seguridad nacional y pública, y los procesos jurisdiccionales contra la violencia y la delincuencia; e inhabilitar al extremo, mediante una reforma constitucional, la única alternativa de persecución eficaz del ‘narco’ o el intervencionismo de la DEA, no puede sino ser un despropósito y una disposición más regresiva que los acuerdos de cooperación preexistentes, por más permisivos e ingerencistas que pudieran ser. Sobre todo porque han sido la única alternativa que ha dejado el fracaso institucional del Estado mexicano contra el crimen, porque no se plantean reformas de cambio estructural en el sector de la seguridad y del sistema penal, y porque antes de una reforma parlamentaria tan restrictiva de las operaciones internacionales contra el narcoterror mexicano, cabían la negociación política y el intercambio de propuestas para el establecimiento de fronteras y reglas de convergencia que fueran capaces no sólo de no limitar el éxito posible en México de organismos como la DEA, sino de llevarlo a estadios superiores, los que no podrían tener lugar sino dentro de parámetros óptimos de legalidad, y de respeto y beneficios compartidos. Se trataría de incrementar y mejorar la colaboración, no de agotarla; de elevar en el proceso los estándares propios de la seguridad y la justicia; y de regular y afinar las estrategias de interés cooperativo aprovechando, no rechazando, la contribución de las partes.
Acaso la idea reformista de Andrés Manuel sobre el tema sea sólo una coartada para ganar terreno en los acuerdos venideros sobre el particular con el nuevo mandato estadounidense. El presidente se pinta solo para usar esos atajos de oportunidad política. De otra manera estaría quizá procurándole sanciones innecesarias a México (que tiene flancos de sobra para ser boicoteado, como cuando Trump amenazó con imposiciones arancelarias si el Gobierno mexicano no controlaba por su cuenta y reducía el flujo de indocumentados hacia Estados Unidos) en tanto la cacería de narcos mexicanos es vital en las políticas de seguridad de la Casa Blanca.
Integrar una nueva agenda de cooperación contra el crimen trasnacional es prioritario. Obstruir el intervencionismo de la DEA en México es seguir favoreciendo la violencia y el crimen desde la corrupción y la incompetencia de las instituciones del Estado.
Defender a la nación no es cosa de nacionalismo, sino de fortalecimiento real del Estado de derecho. Porque el nacionalismo, como bien dice Vargas Llosa, es la cultura de los incultos y hábitat de la violencia y el prejuicio.
Ni el nacionalismo ni el colonialismo intervencionista sirven contra el delito que afecta a México y a la Unión Americana, sino el combate cierto contra la impunidad en el lado mexicano, y una política de diálogo y entendimiento cifrada en la legalidad y la defensa de los intereses mutuos.
SM