Signos
Por Salvador Montenegro
El presidente de la República ha jurado una y mil veces que el uso ilegal de recursos públicos en los procesos políticos y electorales sería, ‘de ahora en adelante’, castigado sin excepciones como un delito grave penado con cárcel.
Bajo esas premisas regeneradoras contenidas en la renovada ley, habría de esperarse y darse por hecho que la hoy alcaldesa cancunense y no pocos de sus principales colaboradores y cómplices de gestión municipal y de campaña electoral, acabaran muy pronto, más que en el supremo mandato de la entidad caribe, en calidad de huéspedes de sus recintos penitenciarios.
Porque en manada y cual ganado transportaron, desde Cancún, Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto –en el norte y centro del Estado-, hasta Chetumal, la capital de Quintana Roo, en el sur, a centenares de personas a las que está probado que pagaron para asistir, en el papel de voluntarios y fieles e incondicionales seguidores (esa práctica viciada de la vieja escuela tricolor conocida y popularizada como ‘acarreo’), al registro de la munícipe como candidata a gobernadora y con el propósito de que ella estableciera, ante la opinión pública y el público elector, las vastas y genuinas dimensiones de su aceptación entre las mayorías.
Pero, ¿cumpliría la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de la República con la línea de conducta anticorrupción prometida por el jefe del Ejecutivo federal para investigar y procesar penalmente los delitos fiscales cometidos por la candidata de su partido a la sucesión gubernamental venidera, y a la luz de la referida violación a la ley electoral mediante el desvío de recursos del erario y el fondeo irregular de su causa?¿No habría objeciones, desde la más alta investidura del país, ante posibles impugnaciones, querellas y sentencias desfavorables a su proyecto por esos evidentes delitos de la ahora candidata y sus secuaces, como en los pasados procesos de Guerrero y Michoacán, que pese a los sonoros alegatos del morenismo y del Presidente concluyeron en la derrota de sus elegidos originales (aunque ganando, a fin de cuentas, con candidatos sustitutos de la mima ralea, porque así es esta democracia ‘patito’)?
¿Habrá guerra en las trincheras sucesorias detonadas por ilícitos como el ‘acarreo’? ¿Acudirían a la autoridad y a los tribunales electorales los adversarios de Mara Lezama y de sus tutores y patrocinadores del Verde y el Morena? ¿Alzarán la voz, por ejemplo, los senadores José Luis Pech y Dante Delgado, candidato a Gobernador y dueño del partido Movimiento Ciudadano, respectivamente?
¿La autoridad electoral podría proceder, acaso, contra la candidata del Presidente y del Niño Verde? ¿Y lo haría de manera imparcial y justa -una condición más bien remota-, o por el interés de sus liderazgos (Lorenzo Córdoba, titular del Instituto Nacional Electoral, y asociados antiAMLO, tanto en el INE como en el tribunal federal electoral) de seguir confrontando y usando su capacidad de influencia y su fuerza política de autoridad ‘autónoma’ y más próxima a los sectores enemigos del obradorismo que a la neutralidad constitucional que debiera guiarla?
(Aunque, claro, sancionar en cualquier caso y atajar por esa vía a Mara Lezama y a sus cómplices habría de ser la única salvación de Quintana Roo frente a las garras del Niño Verde, cuando ya no parece haber diques que impidan esa tragedia terminal de la entidad, después de operado el negocio de Dante Delgado de defenestrar a Roberto Palazuelos y eliminarlo como candidato de su partido –después de tanto beneficio promocional que obtuvo de él para su franquicia partidista y para sí mismo- y como el único con posibilidades reales de vencer en las urnas a la candidata del partido presidencial que regentea el Niño Verde).
A ver, entremos al contexto; aunque en estos tiempos los contextos y las perspectivas de fondo de los acontecimientos resulten cada vez más arduos y aburridos, y se prefiera sólo el sensacionalismo y el inmediatismo de los dichos sobre los sucesos más escandalosos o ‘de interés’ vistos desde la superficie:
La pluralidad política y la alternancia en los Poderes estatales ha sido sólo la formalización jurídica del reparto nominal -entre grupos y facciones clasificados con falsas identidades ideológicas y todo tipo de nuevos y viejos distintivos partidistas- del derecho al uso particular y sectario de esos recursos y esas decisiones en nombre de la diversidad y la totalidad sociales.
Y en el saldo de la nueva y compleja y onerosa institucionalidad representativa de la voluntad popular, lo que viene quedando es un caos perfecto donde la dispersión del Estado en la pluralidad facciosa -de grupos y alianzas cupulares de denominaciones distintas y cataduras e intereses idénticos y compartidos- ha obrado una consecuente corrupción, una ingobernabilidad y una violencia criminal -donde las también fragmentadas y multiplicadas bandas del narcoterror operan a sus anchas y al amparo de estas y aquellas autoridades de una y otra filiación partidista- que no tienen más remedio que poner, con meridiana claridad y frente a las narices de cualquiera, que las reformas del avance democrático no son, en realidad, sino nuevas maneras de legitimación del mismo primitivismo político y saqueador del principio de los tiempos, pero con secuelas cada vez peores que, a su vez, se reciclan en una espiral de deterioro donde la progresiva descomposición educativa, cívica y cultural produce liderazgos y realidades día a día más propiciatorios y solubles con la desigualdad, la injusticia y la violencia; donde el hampa clandestina más poderosa sale de los territorios oscuros de la satanización y la condena social y penal, y asciende desde esas cloacas, sin pudor y de modo más y más lícito y visible, por el escalafón de la vida pública, y se adueña de más y más importantes espacios mediáticos y editoriales, y se pone detrás o al lado o al frente de proyectos políticos más influyentes, y asume un papel de interlocución asimismo día a día más determinante en el destino de los ciudadanos.
Y así, la desvergüenza rupestre y mercenaria de los activismos de todos los partidos y de sus candidaturas a todos los Gobiernos y cargos de elección, no sólo no discrimina, sino que sienta la superior pedagogía de que todo tiempo pasado fue mejor, y de que la corrupción y la inmoralidad del más autoritario y censurable de todos los priismos del ayer eran ejemplos de virtud democrática comparados con los del mamarracho pluralista de la nueva era, donde el emergente partido presidencial -o de la Regeneración Nacional- y sus alianzas, procesos internos, candidatos y ‘acarreados’ multitudinarios, por ejemplo, sólo se diferencian de su pasado tricolor totalitario en que son peores, pero más y mejor legitimados por una constitucionalidad y una institucionalidad democráticas de su misma costosa y repulsiva naturaleza republicana.
No es cierto que algo haya cambiado para bien.
La desmesura del aparato electoral mexicano no se compara con el de ninguna otra democracia sobre la tierra. Y sólo sirve para dar garantía de fiabilidad al ejercicio del voto y de sus ganadores. La de los financiamientos más importantes de los contendientes para conseguirse votos y victorias en los comicios, por más que procedan de la criminalidad gobernante o empresarial o del ‘narco’, es una fiscalización para la que el monstruoso aparato no es apto. Y si esa institucionalidad no lo es, y las de transparencia y anticorrupción tampoco lo son, entonces los afanes y los éxitos de la corrupción electoral y sus corruptísimos vencedores -candidatos, partidos y grupos de poder representados por ellos- están garantizados por la legalidad y la legitimidad que identifican el verdadero espíritu de esa multitudinaria estructura institucional, de sus creadores -salinistas y sucedáneos- y de todas sus dirigencias pasadas, presentes y futuras.
Y así, los ‘acarreos’ del verdemorenismo presidencial de ahora y pagados con descomunales y flagrantes cantidades de dinero robado del erario, no son nada distintos a los del priismo cuya corrupción extrema derivó en el alegato renovador y justiciero de las élites intelectuales, empresariales y políticas que fecundó el masivo y desaforado sistema electoral de nuestros modernísimos días, y a las inextricables y absurdas y contradictorias y sobrelegisladas y partidizadas regulaciones que rigen los procesos de decisión del sufragio, cual expresión de la voluntad popular ante las urnas
Pero en realidad esos ‘acarreos’ -como los de la alcaldesa cancunense Mara Lezama en su peregrinaje para registrar en Chetumal su candidatura al Gobierno de Quintana Roo en nombre y representación de los intereses de la causa del Presidente y del Niño Verde- sí son distintos: tienen toda la legitimidad de las instituciones democráticas del país; de un país, claro, y de un pueblo que por eso son más democráticos que nunca, aunque, por eso mismo, también más ingobernables y violentos que nunca.
(Porque ha sido, en realidad, ese sistema democrático -y su producción de gobernantes y líderes políticos cada vez más mediocres, más delictivos, más autónomos y más confrontados entre sí bajo las denominaciones ideológicas de sus personales intereses- el que ha ‘pateado el avispero’ de las sangrientas guerras del ‘narco’ y el de la anarquía generalizada que hace invencible el sometimiento de la autoridad al crimen, la inviabilidad de la Justicia, la impunidad y la inseguridad sin soluciones ni alternativas de liderazgo en todo el país.)
El mínimo rastreo de los costos logísticos y de desplazamiento de los grupos de apoyo de la alcaldesa revelaría más de un par de atentados financieros y electorales, y deberían poner el destino político y la libertad de la candidata y de muchos de los suyos en un serio predicamento.
Pero quienes más han pagado con sanciones importantes y con cárcel sus crímenes contra el interés público y sus patrimonios, lo han hecho por escarmiento y como ejemplarizante demostración de fuerza de sus enemigos y verdugos en el poder, desde la farsa de la justicia necesaria, y quienes incurren con esos actos personales y dolosos en otros abusos y prácticas viciadas tanto o más condenables y punibles por la disposición de las instituciones para la mezquindad personal y no para hacer justicia en nombre del derecho de todos y del Estado de derecho.
Porque el contexto histórico, de antes y después de las grandes y celebradas reformas democráticas, no es ni ha sido ni será jamás el del bien general, sino el de la simulación de las mejores causas para todo lo contrario: para instrumentarlo en favor de los poderes fácticos y el utilitarismo mercenario.
SM