PUEBLA.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el traslado de integrantes de grupos criminales a Estados Unidos responde a la necesidad de evitar que continúen delinquiendo y formen alianzas desde el interior de los centros penitenciarios en México.
Durante la conferencia matutina realizada en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos, el funcionario explicó que, aun estando recluidos, muchos de estos delincuentes seguían operando actividades ilícitas, lo que obligó a reforzar las acciones de control y seguridad en los penales del país.
“Dentro de las prisiones muchas veces se generan alianzas entre distintos grupos. Lamentablemente, en varios centros donde están recluidos, tienen la oportunidad de continuar delinquiendo”, señaló García Harfuch.
Indicó que el traslado de más de 90 personas vinculadas con actividades criminales representa un beneficio directo para el país, ya que reduce delitos como extorsiones y homicidios, además de impedir que los grupos delictivos se fortalezcan desde el interior de las cárceles.
“Lo que estamos evitando es que se sigan cometiendo extorsiones y homicidios contra ciudadanos mexicanos, y que los grupos criminales continúen fortaleciéndose y estableciendo alianzas desde los penales”, subrayó.
El titular de la SSPC destacó que estas acciones se complementan con operativos permanentes al interior de los centros penitenciarios, donde se realizan revisiones aleatorias diarias con la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y personal de seguridad penitenciaria, tanto en penales federales como en varios centros estatales.
Añadió que el Gobierno federal trabaja en dos frentes simultáneos: el traslado de internos de alta peligrosidad y el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional, mediante medidas como el bloqueo de señales de telefonía celular y la desinstalación de antenas utilizadas para cometer delitos desde prisión.
Como ejemplo, mencionó el caso de Altamira, Tamaulipas, donde fue retirada una antena que proporcionaba señal a un penal desde el cual se realizaban extorsiones telefónicas, acción que permitió reducir de manera significativa este delito.