CHETUMAL.- Las llamadas de extorsión realizadas desde centros penitenciarios continúan siendo un problema persistente y de alto impacto en Quintana Roo y en el resto del país, con una incidencia especialmente elevada en el municipio de Othón P. Blanco, donde se han reportado más de 300 casos recientes. No obstante, las autoridades advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor, ya que muchas víctimas optan por no denunciar.
El director de la Policía Municipal, Manuel Santibáñez Cortez, señaló que, pese a los operativos y medidas implementadas, las cárceles siguen siendo puntos estratégicos para la comisión de este delito, debido al uso de teléfonos celulares y tecnología ingresada de manera ilegal.
El mando policial explicó que la extorsión telefónica mantiene una tendencia al alza desde el año pasado y que durante lo que va de 2026 la incidencia continúa siendo significativa. Detalló que en Chetumal se han contabilizado más de 300 intentos, en los que los delincuentes suelen utilizar aplicaciones de mensajería como WhatsApp para simular secuestros exprés, aislar a las víctimas en distintos puntos de la ciudad y presionarlas para realizar depósitos bancarios.
Indicó que, si bien en algunos casos se han concretado pagos, en muchos otros se ha logrado evitar el daño patrimonial gracias a la atención inmediata brindada a la ciudadanía por parte de las corporaciones de seguridad.
De acuerdo con los registros oficiales, la mayoría de los números telefónicos utilizados para estas extorsiones se originan en entidades como el Estado de México y Tamaulipas. Santibáñez Cortez precisó que, de cada 100 reportes, la mayor parte corresponde a llamadas provenientes de esas regiones, aunque también se han detectado casos con origen local.
Señaló que las llamadas identificadas dentro del estado han sido atendidas principalmente a través del número de denuncia anónima 089, canal que ha permitido orientar a las víctimas de manera inmediata, sin necesidad de que acudan directamente ante la Fiscalía.
El funcionario explicó que este fenómeno está relacionado con el ingreso y traslado de personas privadas de la libertad provenientes de otras entidades a los centros penitenciarios de Quintana Roo, ya que algunos internos mantienen o adoptan estas prácticas delictivas desde el interior de los ceresos. Ante ello, afirmó que se han reforzado los operativos internos de vigilancia y control.
Reiteró que, aunque la mayoría de los números detectados corresponden a otros estados, también se han presentado casos locales, lo que obliga a mantener una vigilancia constante y una coordinación permanente entre autoridades.
Finalmente, Santibáñez Cortez insistió en la importancia de denunciar cualquier intento de extorsión, ya que los reportes son clave para actuar de manera oportuna y reducir la incidencia de este delito. Recordó que en noviembre de 2025 se aprobó a nivel federal la Ley General contra la Extorsión y, posteriormente, una legislación local que establece la persecución de oficio del delito y sanciones que van de 25 a 42 años de prisión.
Aunque estas reformas contemplan mayores castigos y controles para frenar las llamadas de extorsión desde los centros penitenciarios, las autoridades reconocen que su efectividad aún no se ha reflejado plenamente en la disminución de los casos.