Van 26 choferes de plataformas digitales detenidos por diversos delitos en Q. Roo

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CANCÚN.- La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, confirmó que, aunque existe un amparo federal que permite a plataformas digitales como Uber operar en la entidad sin concesiones activas, dicho recurso no exime a los conductores de cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Movilidad estatal.

Precisó que el amparo fue concedido a la plataforma y no a los operadores, por lo que cada conductor debe apegarse a los requisitos y reglamentos vigentes para poder prestar el servicio. En ese contexto, informó que actualmente suman 26 choferes de distintas aplicaciones que han sido detenidos tras denuncias por delitos como extorsión, abuso sexual y narcomenudeo.

“Cada vez que haya una denuncia o una situación delictiva se va a actuar, sea quien sea”, subrayó la funcionaria, al dejar en claro que las revisiones y operativos continúan de manera permanente.

Torres Gómez afirmó que la prioridad del gobierno estatal es garantizar la seguridad tanto de los usuarios —entre ellos turistas que utilizan con frecuencia estas plataformas— como de los propios prestadores de servicio, por lo que es indispensable que quienes tienen contacto directo con la ciudadanía cumplan con todas las disposiciones en materia de seguridad.

Por su parte, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, señaló que las detenciones han sido resultado de denuncias ciudadanas y llamó a continuar reportando cualquier irregularidad. “Tenemos a la fecha 26 detenidos de plataformas por delitos como extorsión, abuso sexual o narcomenudeo; actuamos por las denuncias de las víctimas y vamos a proceder siempre con firmeza”, indicó.

En Quintana Roo operan actualmente diversas plataformas de transporte, entre ellas Uber, Didi, InDrive, Cabify, Bolt, BlaBlaCar, Muévete y Ola Taxi, reguladas por el Instituto de Movilidad, principalmente en la zona norte del estado, donde se exige contar con permisos especiales y se realizan operativos constantes para verificar el cumplimiento de la normatividad.

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