CHETUMAL.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara al Congreso del Estado de Quintana Roo entre los más costosos del país, el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, afirmó que además se trata de una de las legislaturas con menor productividad en la primera mitad de su gestión.
El análisis del organismo ciudadano sobre la XVIII Legislatura, integrada por 25 diputados (15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional), indica que a mitad de su periodo el Congreso ha ejercido un presupuesto cercano a los 800 millones de pesos, con un gasto estimado de 44 millones de pesos mensuales.
Presupuesto y gasto del Congreso
De acuerdo con el estudio, para el ejercicio 2026 el Poder Legislativo estatal tiene aprobado un presupuesto de 536 millones 378 mil 127 pesos.
La distribución del gasto es la siguiente:
- 69 % destinado a sueldos de 631 empleados, incluidos legisladores
- 14 % para ayudas sociales
- 12 % para servicios generales
- 4 % para adquisiciones
Productividad legislativa
En cuanto a la actividad parlamentaria, Galaviz explicó que durante este periodo se han realizado 153 sesiones, se han presentado 337 iniciativas y se han aprobado 202 decretos, lo que en apariencia representaría una productividad del 60 %.
Sin embargo, el análisis señala que 61 % de los decretos aprobados provienen de iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, municipios o el Congreso de la Unión, o bien de propuestas rezagadas de la legislatura anterior.
Esto implica que una proporción menor de los decretos aprobados es resultado directo del trabajo legislativo de los actuales diputados.
Iniciativas impugnadas
Galaviz añadió que varias de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo estatal fueron aprobadas sin observaciones ni modificaciones por parte del Congreso, aunque posteriormente algunas fueron impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según indicó, más de diez de estas normas han sido modificadas o invalidadas, entre ellas reformas relacionadas con la Ley de Movilidad, el Código Penal, la Ley de Expropiación, así como leyes orgánicas del Poder Judicial, la Fiscalía, la Universidad Judicial, la Universidad Autónoma de Quintana Roo y la Ley de Asentamientos Humanos.
Críticas al debate legislativo
El presidente del Observatorio sostuvo que el Congreso estatal no funciona plenamente como un parlamento, ya que el debate es escaso y las sesiones suelen desarrollarse de manera rutinaria.
Señaló que uno de los pocos legisladores que ha expresado críticas en tribuna ha sido el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez.
También cuestionó que, pese a que el Congreso promueve en su portal el concepto de Parlamento Abierto, en la práctica no se cumplen plenamente los principios de transparencia y participación ciudadana asociados a este modelo.
Desempeño de diputados
En cuanto al trabajo individual de los legisladores, Galaviz señaló que el Partido Acción Nacional presenta uno de los niveles más bajos de desempeño, particularmente el diputado Ángel Álvarez Cervera.
En el caso de la diputada Reyna Tamayo Carballo, también dirigente estatal del PAN, indicó que la única iniciativa suya que se convirtió en decreto fue la que establece un día de reconocimiento para jubilados y pensionados del estado.
Asimismo, mencionó que los legisladores que no han presentado iniciativas de manera individual son los diputados del Partido Verde Ecologista de México María José Osorio Rosas, Renán Eduardo Sánchez Tajonar —presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política— y Jorge Armando Cabrera; además del panista Ángel Álvarez Cervera y la morenista Luz Gabriela Mora.
Diputado con mayor actividad
En contraste, el legislador con mayor actividad legislativa es el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Alday Nieto, quien ha presentado 27 iniciativas, de las cuales 18 son individuales y nueve en conjunto con otros legisladores, y cuatro han sido aprobadas como decreto.
Entre sus propuestas destaca una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Congreso estatal, con el objetivo de ordenar y transparentar el proceso legislativo.
La propuesta surgió ante el rezago detectado en el Congreso, donde —según el Observatorio— varias iniciativas permanecen durante meses sin ser leídas ni turnadas al Pleno, lo que retrasa la actualización del marco jurídico del estado.