CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal dio a conocer información sobre casi 100 mil personas pensionadas de siete instituciones públicas, en medio del debate legislativo para limitar el monto de las pensiones a un máximo equivalente a la mitad del salario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Los datos difundidos incluyen jubilaciones de organismos como Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco Nacional de Crédito Rural.
Pensiones millonarias
De acuerdo con el reporte, cuatro personas reciben más de un millón de pesos mensuales por concepto de pensión, mientras que 76 perciben ingresos superiores a los 500 mil pesos al mes.
Entre los casos más altos se encuentran:
Carlos Arturo Sánchez Magaña, de Petróleos Mexicanos, con 1 millón 107 mil 361 pesos mensuales.
Jorge Evodio Chapa de la Torre, de Luz y Fuerza del Centro, con 1 millón 77 mil 533 pesos.
Edgar Velázquez Butrón, de LyFC, con 1 millón 37 mil 341 pesos.
Kenneth Sydney Smith Jacobo, también de LyFC, con 1 millón 37 mil 290 pesos mensuales.
En la lista también aparecen exfuncionarios con pensiones cercanas al millón de pesos mensuales provenientes principalmente de Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos.
Instituciones que no transparentaron datos
A pesar de la publicación del listado, no se incluyeron las pensiones del Ejército ni de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituciones que tampoco fueron transparentadas en esta ocasión.
El gobierno tampoco ha planteado aplicar el límite propuesto a las pensiones en estos organismos.
Obligación de transparencia
La información fue difundida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que explicó que el ejercicio se realizó conforme al artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, el cual obliga a las dependencias a publicar el listado de jubilados y los montos que reciben.
La dependencia indicó que, ante diferencias detectadas en el cumplimiento de estas obligaciones, se iniciaron acciones para que las instituciones correspondientes publiquen la información completa en la Plataforma Nacional de Transparencia, como establece la ley.