Signos
La buena política no es la de la transparencia, sino la de los mejores resultados, que por sí solos hacen la más eficaz propaganda.
La manera en que la Presidencia y el Senado de la República actuaron en torno de la muerte de dos agentes de la CIA -que al igual que dos policías estatales de Chihuahua perecieron en el curso de una operación antinarco en dicho Estado fronterizo con Estados Unidos- y de los sucesos policiales, informativos, políticos y de implicaciones diplomáticas bilaterales concurrentes, fue desastrosa.
Si no hubo coordinación, negociaciones y entendimientos puntuales al respecto con los Gobiernos de Chihuahua y de Estados Unidos, mal.
Si la Gobernadora estableció acuerdos y permitió operaciones indebidas entre su Gobierno local y el estadounidense, y si la Presidenta no se enteró en la víspera o dejó hacer, mal (porque debe ser el personaje público mejor enterado del país, que para eso cuenta con todos los mecanismos oficiales de la información y de la Inteligencia civil y militar).
Si el Senado anunció su intervención, en contra de sus facultades federales y de las de la soberanía estatal, queriendo llamar a cuentas a la Gobernadora, mal.
Si se hizo un reguero informativo que sólo alborotó la sensibilidad reactiva y condenatoria del trumpismo, peor.
Y si al no saberse impedir ni administrar el escándalo se afectaron los pactos operativos secretos y los acuerdos discrecionales anticrimen de la relación política entre México y Estados Unidos, mucho más peor.
El personalizado intercambio a destiempo (o el querer ‘tapar el pozo’ de las responsabilidades del ‘niño ahogado’ y ‘el sol con un dedo’ a la vista del mundo entero) entre la Gobernadora chihuahuense, María Eugenia Campos, y el Secretario federal de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sólo revela ineficacia política en las relaciones federalistas, donde el interés nacional y el fuero constitucional superior debieran imponerse a toda diferencia partidista entre sus autoridades y representantes institucionales, cual es el caso entre el grupo gobernante panista del Estado de Chihuahua y el de la izquierda morenista Presidencial.
Falta de criterio, de diálogo plural, de aptitud crítica y de sensibilidad negociadora es lo que más identifica el tiempo de la política mexicana, aunque, es cierto: nada que desentone con el decadente horizonte de la vulgaridad internacional y de la sordera global.
Es lo propio. Es lo que toca. El fin de las formas y los diálogos civilizados, o de los recursos y atributos de la política como tal. La ruina de la estética y de la palabra y los valores públicos. La hora de los tiempos de la burda simpleza sin acercamientos alternativos del poder.
Si el exPresidente, Felipe Calderón Hinojosa, no sabía o si fue cómplice del que fuera su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna -quien hoy cumple sentencia en Estados Unidos como socio del ‘narco’ porque en México nunca fue procesado penalmente, ni durante el calderonismo panista ni durante el peñismo priista ni durante el obradorismo de la regeneración moral-, mal. Muy mal.
Si el exPresidente Andrés Manuel López Obrador ni quien fuera su Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, supieron nunca que el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, era miembro fundamental del ‘narco’ tabasqueño cuando López Hernández era el Gobernador y López Obrador era el Presidente, mal. Muy mal.
Y si la Gobernadora de Chihuahua, ‘Maru’ Campos, y las autoridades policiales y ministeriales de su Estado, acordaban y operaban por cuenta propia -y sin enterar a las autoridades federales correspondientes de su país- acciones conjuntas antinarco en territorio mexicano con organismos estadounidenses, pues también, mal. Muy mal.
Muy condenable todo, por supuesto.
Pero ¿no es igualmente condenable que la Presidencia de la República y las autoridades federales militares, policiales y ministeriales no lo supieran, y que si lo sabían no intervinieran?
Lo que queda por saber ahora, tras que nunca se ha sabido por qué García Luna y Calderón no fueron acusados de nada ilícito en México, es si habrá acciones punibles respecto del caso Chihuahua o si seguirán su curso recurrente las sentencias retóricas y la impunidad de siempre.
Porque del mismo modo en que la Presidenta Sheinbaum acusa a la Gobernadora y a todos los panistas que la encubren de ser traidores a México y viles herederos de polkos y santa annistas y vendepatrias antijuaristas y prianistas, escurre el bulto de las implicaciones y las responsabilidades federales -sin negar su muy censurable desconocimiento de la trama de los chihuahuenses y los estadounidenses- en el caso.
¿Por qué acusar a Calderón en lo de García Luna y no a López Obrador y Adán Augusto en lo de Hernández Requena?
Degradación de la sabiduría política, en efecto. Y de sus resultados. Esa es la cuestión.
Contra el crimen organizado que ataca el interés superior del país, todo acuerdo internacional que no afecte la integridad constitucional -por lo menos de manera flagrante, que también para eso se requieren márgenes de maniobra y sentido común entre lo prioritario y lo permisible cuando la constitucionalidad es lo más violable en la historia de la realidad nacional- puede ser legítimo y bienvenido.
Lo malo es que la incompetencia institucional y política conviertan todo en un escándalo de inútiles y polarizadas condenaciones.
SM