WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La imputación fue dada a conocer por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrance C. Cole. El caso quedó a cargo de la jueza Katherine Polk Failla.
De acuerdo con el expediente, los acusados habrían utilizado sus cargos públicos para favorecer las operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”, facilitando el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
La acusación señala que Rocha Moya habría recibido apoyo electoral ilícito en 2021 mediante presuntas acciones de intimidación contra adversarios políticos, además de sostener reuniones con integrantes del grupo criminal. A cambio, según las autoridades, habría ofrecido condiciones de impunidad para la operación del cártel en la entidad.
Entre los delitos imputados se encuentran conspiración para la importación de narcóticos, posesión de armas de uso exclusivo —incluidas ametralladoras y artefactos explosivos— y conspiración para su posesión. De ser encontrado culpable en Estados Unidos, el mandatario podría enfrentar penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
La investigación también describe una presunta red de colaboración desde distintos niveles del gobierno estatal, en la que los implicados habrían recibido sobornos millonarios a cambio de proteger a líderes criminales, filtrar información operativa y permitir el traslado de cargamentos de droga sin intervención de las autoridades.
Además del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, los otros nueve funcionarios y exfuncionarios acusados de tener nexos con el cártel de Sinaloa son:
– Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Sinaloa.
– Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
– Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
– Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
– Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
– Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
– José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
– Juan de Dios Gamez Mendivil, alcalde de Culiacán.
– Juan Valenzuela Milán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
A los nueve se les imputa de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. Sólo el último de los implicados, Juan Valenzuela Milán, también está acusado de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.
Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este caso, que representa uno de los señalamientos más graves contra autoridades mexicanas en cortes estadounidenses en los últimos años.