COLIMA.- El exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, y quien fuera su secretario de Planeación y Finanzas, Carlos “N”, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima, durante la audiencia inicial realizada el pasado 30 de abril de 2026, el Ministerio Público presentó pruebas relacionadas con un presunto esquema de desvío de recursos públicos mediante la simulación de servicios que aparentemente nunca fueron ejecutados.
La audiencia continuó este miércoles 6 de mayo, luego de que los exfuncionarios solicitaran la duplicidad del término constitucional.
Tras una sesión que se prolongó por cerca de siete horas, el juez determinó vincular a proceso a ambos exservidores públicos y fijó un plazo de cinco meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Al salir de la audiencia, Ignacio Peralta afirmó que continuará atendiendo el proceso conforme a derecho y adelantó que su defensa buscará reforzar los argumentos jurídicos y las pruebas para demostrar que actuó dentro del marco legal.
El exmandatario sostuvo que el caso deriva de un procedimiento administrativo relacionado con modificaciones presupuestales, facultad que, dijo, corresponde al titular del Poder Ejecutivo estatal.
Cuestionado sobre la posibilidad de que su exsecretario hubiera realizado movimientos financieros sin su conocimiento, evitó pronunciarse directamente y señaló que no podía hablar por otra persona.
Carlos “N” se desempeñó durante los seis años del gobierno de Peralta Sánchez como titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas y era considerado uno de sus colaboradores más cercanos.
Previamente, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima inhabilitó por cinco años al exfuncionario, quien desde 2023 enfrenta señalamientos por el presunto desvío de 70 millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción consideró que este caso representa un precedente en Colima, al tratarse de la primera ocasión en que un exgobernador y un exintegrante de su gabinete son vinculados a proceso por presuntos actos de corrupción relacionados con el ejercicio de funciones públicas.