CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la imposición de sanciones administrativas contra 13 personas servidoras públicas adscritas a distintas dependencias federales, entre ellas Petróleos Mexicanos, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Banjército.
Las medidas fueron determinadas por los Órganos Internos de Control correspondientes, tras detectar diversas faltas administrativas no graves relacionadas con omisiones en el servicio público, incumplimiento de obligaciones y conductas indebidas.
Entre los casos más relevantes se encuentra la inhabilitación por un año de un exgerente de servicios de salud de Pemex por no realizar el acta de entrega-recepción al concluir su cargo. En la misma empresa, otras dos funcionarias recibieron suspensiones de 30 y 15 días por incumplimientos similares relacionados con la entrega de sus responsabilidades.
En el ISSSTE, dos jefaturas de departamento adscritas a delegaciones estatales fueron suspendidas durante 15 días por no efectuar los procedimientos de entrega-recepción al término de sus funciones.
Por otra parte, en el ámbito aeroportuario, personal adscrito a Aeropuertos y Servicios Auxiliares y al AIFA fue sancionado por distintos incidentes ocurridos durante 2025. Entre ellos figura la suspensión de un funcionario por faltas de respeto hacia una compañera de trabajo y la aplicación de medidas disciplinarias a dos técnicos involucrados en derrames de combustible.
En el sector salud, cuatro médicos del Hospital General de México recibieron suspensiones de 30 días tras determinarse que incurrieron en omisiones relacionadas con la atención de una paciente y la supervisión de médicos residentes en el área de Urgencias durante 2022.
Asimismo, en Banjército se impuso una amonestación pública a un funcionario responsable del área de archivo institucional por no gestionar la actualización de documentos administrativos durante 2023 y 2024.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno precisó que todas las resoluciones se emitieron conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y bajo criterios de proporcionalidad respecto a la gravedad de cada caso.
La dependencia federal recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones por las vías legales correspondientes y aseguró que defenderá las determinaciones emitidas por los órganos de control.
Finalmente, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la integridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la administración pública federal.