WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa contra más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares, en una medida que se produce tras la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien permaneció encarcelado durante casi tres años.
La decisión fue dada a conocer por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien responsabilizó políticamente al gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo por las condiciones que rodearon el fallecimiento del dirigente opositor.
Brooklyn Rivera, reconocido líder indígena, exdiputado y una de las principales voces de la oposición en Nicaragua, falleció el pasado 31 de mayo a los 73 años de edad en su comunidad natal. Su estado de salud se deterioró durante el tiempo que permaneció privado de la libertad, situación que incluso fue reconocida por las autoridades nicaragüenses.
Rivera había sido detenido el 29 de septiembre de 2023 en la ciudad de Bilwi. Diversas organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, lo consideraban un preso de conciencia debido a que su encarcelamiento estaba relacionado con motivos políticos.
En un comunicado oficial, Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no ignorará la responsabilidad del gobierno nicaragüense en la muerte del dirigente indígena y confirmó que las nuevas restricciones amplían las sanciones migratorias ya vigentes.
Con esta medida, el número de funcionarios nicaragüenses y familiares sujetos a restricciones de visado por parte de Washington supera ya las 2 mil 350 personas.
Aunque el Departamento de Estado no reveló los nombres de todos los afectados, sí mencionó al funcionario electoral Lumberto Campbell Hooker, quien ya había sido sancionado financieramente por Estados Unidos en 2019. Según las autoridades estadounidenses, habría participado en la negativa de atención médica a Rivera y en impedir que sus familiares realizaran sus funerales.
La muerte del líder miskito también provocó reacciones de organismos internacionales. El secretario general de la ONU, António Guterres, solicitó una investigación rápida, imparcial y transparente sobre las circunstancias del fallecimiento.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por el caso y por la situación de los presos políticos en Nicaragua, en un contexto de creciente presión internacional sobre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.