EDOMEX.- La alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy “N”, enfrenta señalamientos por presuntamente haber participado en la simulación de su propio secuestro, un caso que, según las investigaciones, habría tenido como objetivo justificar un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la presidenta municipal deberá comparecer el próximo 9 de julio en una audiencia de formulación de imputación relacionada con estos hechos.
Como parte de las indagatorias, fueron detenidos en Oaxaca Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, quienes presuntamente colaboraron en la planeación y ejecución del supuesto plagio.
Las autoridades también reportaron que José Roberto “N” y Óscar “N”, esposo y hermano de la alcaldesa, respectivamente, permanecen prófugos. Ambos son señalados por su probable participación en el caso.
De acuerdo con la versión presentada inicialmente por la funcionaria, los hechos ocurrieron el 31 de mayo cuando se encontraba a bordo de un automóvil Jetta junto a un familiar frente a su domicilio en Tenancingo.
Según su declaración, un vehículo color rojo se aproximó al lugar con tres ocupantes. Uno de ellos descendió armado, la obligó a abandonar su unidad y posteriormente fue trasladada a la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle.
Durante el trayecto, presuntamente le entregaron un teléfono celular para que solicitara a sus familiares el pago de un rescate por 40 millones de pesos.
Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que el supuesto secuestro habría sido planeado por la propia alcaldesa junto con otras personas involucradas.
Las indagatorias señalan que el plan habría sido cancelado cuando los participantes detectaron un operativo de búsqueda desplegado por corporaciones de seguridad.
Posteriormente, Nancy “N” habría sido abandonada en el paraje conocido como El Capulín, en Tenancingo, con la finalidad de aparentar una fuga de sus presuntos captores.
Al día siguiente, la funcionaria acudió ante el Ministerio Público para denunciar formalmente el supuesto secuestro. En su declaración afirmó que había logrado escapar y que los responsables pretendían asesinarla a ella y a varios integrantes de su familia, además de exigir el millonario rescate.
No obstante, las investigaciones ministeriales concluyeron que existen elementos para presumir que la propia alcaldesa participó en la organización y ejecución de los hechos denunciados.
De acreditarse la responsabilidad de los involucrados, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro contempla penas de hasta 16 años de prisión para particulares que simulen un secuestro. En el caso de la funcionaria, también podría imponerse una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.