CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación por presunto fraude fiscal contra una red de nueve empresas que, en conjunto, han obtenido más de 60 contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por un monto cercano a los cuatro mil 200 millones de pesos.
De acuerdo con documentos oficiales consultados por este diario, las compañías suministran al Ejército uniformes, telas, maquinaria, colorantes, diversos insumos, así como refacciones y armamento. En uno de los contratos bajo revisión se detectó un sobreprecio de 175.6 millones de pesos.
La indagatoria sostiene que las empresas participaron en un esquema diseñado para simular operaciones financieras, motivo por el cual la FGR ejerció acción penal contra Mario Alfonso “N”, quien fue vinculado a proceso el pasado 9 de abril dentro de la causa penal 448/2025.
Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, el juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo que está próximo a concluir, además de permitir que el imputado continúe el proceso en libertad.
Las investigaciones también involucran a integrantes de su familia. Su medio hermano, Eduardo Alejandro “N”, y su madre, Patricia “N”, aparecen, de manera conjunta o por separado, como accionistas o representantes legales de empresas constituidas entre 2008 y 2013.
Aunque estas compañías ya mantenían contratos con la Defensa desde años anteriores, fue a partir de 2019 cuando incrementaron significativamente su participación. Durante ese periodo obtuvieron 44 contratos cuyo valor supera los tres mil millones de pesos.
La investigación federal deriva de diversas auditorías realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), autoridad que detectó una presunta triangulación de recursos con empresas fantasma por alrededor de 200 millones de pesos y determinó créditos fiscales por 179 millones de pesos.
Entre los casos señalados se encuentra Nicela, empresa a la que se aplicó el procedimiento GAD-85000. En mayo de 2022, el SAT le impuso un crédito fiscal por 98.1 millones de pesos tras identificar operaciones simuladas por un monto de 130 millones de pesos.
Otra de las compañías auditadas fue Intman, dentro del procedimiento GAD9000007/21. En este caso, el SAT determinó un crédito fiscal de 95.7 millones de pesos al detectar operaciones simuladas por 40 millones de pesos.
Asimismo, Introm Textil, Caroem Construcciones y Operadora Safrat recibieron créditos fiscales que van de 1.1 millones a 4.6 millones de pesos.
Tanto Nicela como Intman promovieron juicios de nulidad para impugnar las resoluciones fiscales; sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó los créditos fiscales determinados por el SAT.
De igual forma, en abril pasado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo 385/2025 relacionado con el caso de Nicela.
Las resoluciones de ambas instancias concluyeron que el SAT acreditó que la empresa no contaba con trabajadores ni con la capacidad material necesaria para prestar los servicios facturados, además de haber realizado operaciones con empresas que carecían de activos.