Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- Mientras el Poder Judicial de Quintana Roo se encuentra en una crisis institucional luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descabezó tres de sus órganos, invalidó el nombramiento por prórroga de dos magistraturas y nulificó las salas de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la hacienda pública tiene que cargar con otra de las consecuencias de la reforma judicial realizada, que es el gasto para pagar pensiones vitalicias a los magistrados que renunciaron anticipadamente y otra por haber perdido un amparo, por un monto total de supera los 30 millones de pesos este año.
Estos haberes de retiro adicionales causados por la reforma judicial disparan el gasto anual del Poder Judicial en pensiones vitalicias a más de 51 millones de pesos en 2026, un monto que es más del doble del originalmente previsto para el pago a los magistrados y las magistradas que se retiraron en los años anteriores y más del triple de lo que se gastó por el mismo concepto en el 2025.
Por su algo más faltara, además los pagos mensuales para los nuevos pensionados están inflados a cifras que son mayores al último sueldo que percibían al momento de su renuncia, violando la norma que les dio el derecho al haber de retiro.
Más de 27 millones para magistrados “renunciados” por la reforma judicial
Los recursos para pagar los haberes de retiro de 9 magistrados y magistradas numerarias que presentaron su renuncia anticipada al cargo para no participar en la elección judicial de 2025 no fueron incluidos por el Poder Judicial del Estado en su presupuesto para el 2026, sino que forman parte de la solicitud de ampliación presupuestal que hizo desde inicios del año a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del gobierno estatal.
El entonces magistrado presidente del TSJE, Heyden Cebada Rivas, reveló en febrero pasado dicha solicitud de ampliación y dijo que era para nuevos juzgados que no quedaron contemplados en el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado y para los alcances operativos de los nuevos órganos Tribunal de Disciplina Judicial del Estado (TDJE) y Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Sin embargo, no informó la cantidad que solicitó el Poder Judicial como ampliación ni tampoco que en ese monto estaban contempladas las pensiones vitalicias que se debían pagar en el 2026 a los magistrados y magistradas que renunciaron antes de la elección judicial.
No obstante, el propio Heyden Cebada Rivas, entrometiéndose en funciones que por ley corresponden al OAJ, el 8 de enero de este año había presentado al Congreso del Estado un oficio donde detalló los gastos y proyectos que no quedaron contemplados dentro del presupuesto autorizado al Poder Judicial, que fue de más de 1 mil 79 millones de pesos, y que son los que requerían de la ampliación presupuestal solicitada.
En total, el Poder Judicial dijo que requerían una ampliación de 84 millones 554 mil 246 pesos para cubrir los gastos de la nueva Universidad Judicial, el Instituto de Justicia Alternativa, el funcionamiento del TDJE y su personal de apoyo, el Juzgado Familiar de Bacalar, el Juzgado de Narcomenudeo de Tulum y el Juzgado Familiar de Puerto Morelos.
Y dentro de esta cantidad también contempló el pago de los haberes de retiro de los magistrados y magistradas que renunciaron anticipadamente, por un monto anual de 27 millones 170 mil 611 pesos.
Pensiones infladas
Sin embargo, los pagos previstos por cada magistrado y magistrada superan lo establecido en la ley, ya que deben recibir como haber lo mismo que tenían de sueldo al retirarse, que según el tabulador del Poder Judicial era de 186 mil 41 pesos, por lo que el total de pensiones que debería pagarse es de 20 millones 92 mil 428 pesos.
Lo peor, sin embargo, es que el pago que se realiza no es equivalente al último sueldo que recibían como funcionarios en activo, sino que está inflado hasta por encima del que tenían antes de que se les redujera en el 2025 por efectos de la reforma judicial.
El pago mensual está inflado, y lo muestra el hecho de que el Poder Judicial calculó el haber de retiro para estos magistrados y magistradas con una cantidad de 209 mil 395 pesos mensuales, lo cual consta al dividir entre ellos el monto previsto en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos del Estado para el 2026, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 15 de enero de este año, correspondiente a los detalles del presupuesto del Poder Judicial.
Allí se indicó que para pagar a los 9 magistrados y magistradas se tenía prevista una bolsa original de 22 millones 614 mil 655 pesos, que ya incluía ese sueldo superior a los 186 mil pesos correspondientes.
Pero en el documento presentado el 8 de enero al Congreso del Estado la cifra ya estaba inflada a más de 27 millones de pesos.
Versiones extraoficiales del Poder Judicial informaron que el monto se eleva a más de 27 millones de pesos porque también se está pagando haber de retiro a los dos magistrados supernumerarios que renunciaron anticipadamente igual que a los numerarios, a pesar de que a ellos no les corresponde ese derecho por ley.
Pagarán otra pensión vitalicia por perder un amparo
Ahora bien, el gasto adicional en haberes de retiro se infla además porque el Poder Judicial del Estado perdió un juicio de amparo y quedó obligado a pagar pensión vitalicia a Isidoro Castro Arrieta, el exmagistrado del Tribunal Unitario para Adolescentes que salió en la recta final del gobierno de Carlos Joaquín.
Para Isidoro Castro Arrieta tienen calculado un pago anual de 3 millones 441 mil 11 pesos, que también tiene cubierta con la ampliación presupuestal solicitada, mismos que al sumarse a las pensiones de magistrados y magistradas que renunciaron al TSJE elevan la cantidad final para haberes de retiro adicionales a la friolera de 30 millones 611 mil 622 pesos en el 2026.
El pago al exmagistrado de adolescentes se debe a que en diciembre de 2021 el gobernador Carlos Joaquín promovió una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para incluir el derecho del haber de retiro para este cargo, cuando estaba a punto de finalizar Castro Arrieta, previendo que se beneficiaría la persona que sería nombrada después, que fue Teresa de Jesús Villa Velasco, misma que en 2025 accedió a magistrada del TSJE en la elección judicial.
Ocho meses después de esa reforma, el 12 de agosto de 2022, Castro Arrieta finalizó su encargo como magistrado unitario para adolescentes, después de haber cumplido un primer periodo de seis años y ser ratificado por seis más, pero la administración ya encabezada por Heyden Cebada no le pagó el haber de retiro contemplado en la reforma impulsada por Carlos Joaquín.
El exmagistrado para adolescentes se amparó y al final le ganó el litigio a la administración encabezada por Heyden Cebada, y por eso ahora el Poder Judicial del Estado le tiene que pagar haber de retiro, agregando otra carga a la hacienda pública de la entidad.
Se pasa de 9 a 21 magistrados pensionados, dos de manera ilegal
La suma de estos más de 30 millones de pesos adicionales para magistrados y magistradas renunciados en el 2025 y el que lo obtuvo mediante amparo eleva el gasto total del Poder Judicial en pensiones vitalicias a más de 51 millones de pesos en el 2026
Esto se debe a que, además de los haberes de retiro causados por la reforma judicial, ya se tenía previsto un gasto ordinario para el pago de las pensiones vitalicias de las magistradas y los magistrados que pasaron al retiro en los años anteriores a dicha reforma.
Dicho monto es de 20 millones 396 mil 501 pesos para este 2026, según del desglose por objeto del gasto del presupuesto del Poder Judicial incluido en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Por lo anterior, el gasto total en pensiones vitalicias de magistrados y magistradas se elevó a 51 millones 8 mil 123 pesos, es decir, este año creció más del doble como efecto de la reforma judicial del estado.
Pero comparado con el año anterior, el 2025, el gasto en pago de pensiones vitalicias del Poder Judicial creció más del triple, pues entonces sólo se destinaron 15 millones 683 mil 332 pesos, según los anexos del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal.
Entonces los magistrados en retiro eran 9; ahora serán 19, pero información extraoficial dice que son realmente 21, por el pago “bajo el agua” que le hacen a los magistrados supernumerarios que renunciaron antes de la elección judicial.
Para finalizar, sólo basta recordar quienes son los magistradas y magistradas que renunciaron por la reforma judicial y que ahora reciben pensiones vitalicias por encima de los 200 mil pesos mensuales según las cifras expuestas.
Los magistrados y magistradas numerarias Mario Alberto Aguilar Laguardia, Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Carlos Lima Carvajal, Felipe de Jesús Solís Magaña, Luis Gabino Medina Burgos, Mariana Dávila Goerner, Adriana Cárdenas Aguilar, Dulce María Tuz Balam y Verónica Gloria Acacio Trujillo, todos los cuales estaban cumpliendo o finalizando su segundo período de gestión.
Los magistrados supernumerarios que renunciaron anticipadamente también y estarían recibiendo un pago ilegal son Ysidro Quintal Quintal y Pedro Pablo Álvarez Vega.
Y entre los nuevos pensionados se coló el exmagistrado para adolescentes Isidoro Castro Arrieta, porque le ganó un juicio de amparo al Poder Judicial del Estado que encabezada Heyden Cebada Rivas.