TULUM.- Empresarios y turistas denunciaron presuntas extorsiones por parte de autoridades municipales y de verificadores en Tulum, una situación que, aseguran, agrava la crisis económica que enfrenta el destino turístico, afectado además por la llegada masiva de sargazo.
De acuerdo con un reportaje publicado por el diario Milenio, representantes del sector empresarial señalaron que, si bien los cobros de piso atribuidos a grupos delictivos disminuyeron de forma considerable, ahora enfrentan presuntos actos de corrupción por parte de servidores públicos encargados de la vigilancia, inspección y aplicación de reglamentos.
Uno de los casos documentados corresponde a una pareja de turistas británicos que visitó Tulum en noviembre de 2025. Steve y Claudia relataron que, tras cenar en la zona hotelera y consumir dos cervezas, fueron detenidos en un retén de tránsito cuando regresaban en una motocicleta rentada.
Según su testimonio, los agentes les practicaron una prueba de alcoholemia y, pese a que el resultado fue de 0.2 miligramos por litro de aire expirado, les informaron que debían permanecer detenidos durante 48 horas o pagar una multa de 22 mil pesos para quedar en libertad.
Los visitantes afirmaron que realizaron el pago mediante una transferencia electrónica, sin recibir recibo o documento oficial alguno. Posteriormente, manifestaron que la experiencia arruinó sus vacaciones y aseguraron que no regresarían a Tulum.
El reportaje señala que el Reglamento de Tránsito de Tulum establece que el límite permitido es de 0.4 miligramos por litro de aire expirado, por lo que el nivel registrado por el conductor se encontraba por debajo del máximo permitido.
En junio pasado, el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, reconoció públicamente denuncias sobre presuntas extorsiones cometidas por elementos de la corporación y anunció la baja de dos fiscales, además de advertir que actuaría también contra personal de Tránsito en caso de comprobarse irregularidades.
Además de las denuncias de turistas, empresarios señalaron que durante los últimos meses se intensificaron las inspecciones realizadas a hoteles, restaurantes y otros establecimientos por parte de distintas autoridades, entre ellas personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
De acuerdo con los testimonios, las revisiones derivan con frecuencia en observaciones que, presuntamente, son utilizadas para solicitar pagos irregulares a cambio de evitar sanciones o clausuras.
Un representante empresarial, que pidió mantener su identidad en reserva, afirmó que actualmente los negocios deben enfrentar constantes inspecciones de autoridades municipales, estatales y federales, situación que, dijo, desalienta la inversión y complica la permanencia de pequeños y medianos establecimientos.
Otro comerciante entrevistado aseguró que algunos verificadores buscan cualquier detalle para imponer sanciones y posteriormente ofrecer alternativas de pago fuera de los procedimientos oficiales.
Las denuncias se presentan en un contexto de baja actividad turística en Tulum, donde empresarios consideran que la combinación de problemas ambientales, como el arribo histórico de sargazo, y las presuntas prácticas de corrupción afectan la imagen y competitividad del destino.