CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un decreto para reforzar la política de transparencia del Gobierno federal, con nuevas obligaciones de publicación de información y reglas que eliminan la discrecionalidad de los funcionarios para decidir qué datos pueden mantenerse reservados.
Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que el documento será publicado este martes y adelantó que sus disposiciones servirán como base para una reforma a la Ley General de Transparencia, iniciativa que será enviada al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.
Uno de los cambios centrales consiste en establecer criterios específicos sobre la información que deberá difundirse de manera obligatoria, dejando atrás la posibilidad de que cada dependencia determine, con base en el criterio de sus titulares, qué información permanece bajo reserva.
Sheinbaum explicó que únicamente podrán restringirse aquellos datos cuya difusión comprometa la seguridad nacional o interfiera con procedimientos administrativos o judiciales en curso, conforme a lineamientos previamente definidos.
La presidenta también defendió la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al sostener que el organismo representaba un gasto superior a mil millones de pesos anuales y que sus funciones pueden ser desempeñadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
“No se necesita tanta burocracia para que la información sea transparente”, afirmó.
Como parte de la estrategia, el Gobierno federal fortalecerá la Plataforma Nacional de Transparencia, con el propósito de ampliar la información disponible y facilitar la consulta y descarga de datos por parte de la ciudadanía.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto busca consolidar el principio constitucional de máxima publicidad, promoviendo que las instituciones difundan más información de la que actualmente exige la legislación.
Indicó que la plataforma, que durante el proceso de transición presentaba fallas constantes, ya fue estabilizada y contará con nuevas herramientas para consultar y analizar la información pública.
Entre las principales novedades, destacó que todos los contratos del Gobierno federal se publicarán mensualmente, en lugar de hacerlo cada tres meses, lo que permitirá un seguimiento más oportuno del ejercicio de los recursos públicos.
Además, deberán hacerse públicos los estados financieros, la estructura de gobierno corporativo y la operación de las empresas filiales del Estado, así como los programas de fiscalización, estadísticas de auditorías, seguimiento de observaciones y el padrón de despachos externos encargados de revisar a las entidades gubernamentales.
Buenrostro señaló que estas medidas también serán promovidas entre los poderes Legislativo y Judicial, así como en los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de homologar los criterios de transparencia en todo el país.
La funcionaria adelantó que la reforma a la Ley General de Transparencia también simplificará las causales para reservar información, limitándolas exclusivamente a asuntos relacionados con la seguridad nacional o con procesos administrativos y judiciales en desarrollo. En esos casos, precisó, las dependencias deberán elaborar versiones públicas de los documentos para garantizar el mayor acceso posible a la información.
Finalmente, Sheinbaum sostuvo que la transparencia debe ser una obligación permanente del Estado y consideró que, al igual que las instituciones públicas, los medios de comunicación también deben contar con mecanismos de autorregulación, como códigos de ética, que fortalezcan el derecho de la sociedad a estar informada.