Por Francisco Hernández
TULUM.- Ha pasado un año desde que el alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, le vendió la idea al coordinador de los diputados federal de Morena, Ricardo Monreal Ávila, de presentar una idea para hacer que la entrada a las playas públicas de México sea gratuita y que se pudiera conceder un día a la semana gratuito de entrada a las áreas naturales protegidas.
La iniciativa nació como una forma de calmar la inconformidad creciente de los habitantes de Tulum por las restricciones al acceso a la playa que impuso la forma de operación del Parque del Jaguar, operado por la empresa turística y de transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dando la impresión de que se hacía algo, y Monreal la presentó como suya el 27 de agosto del 2025, en la Cámara de Diputados, para aprovecharla para lucimiento personal.
El 1 de octubre, con bombo y platillo, Monreal celebraba la aprobación de la reforma por unanimidad de diputados y diputadas federales, con la adición de una propuesta del PAN para crear un registro nacional de accesos públicos a playas, y turnó la minuta correspondiente al Senado.
Pero en la Cámara de Senadores se reveló la realidad política de la propuesta y la iniciativa fue frenada, a pesar de que fue turnada para su estudio a la Comisión de Turismo, presidida por el quintanarroense Eugenio Segura Vázquez.
Hasta el 9 de diciembre de 2025, tras dos meses de tenerla, la Comisión de Turismo dio dictamen positivo a la reforma, pero lo hizo un día antes de que finalizara el periodo ordinario de sesiones y la Mesa Directiva no puso a votación el acceso gratuito a las playas públicas.
Así pasó también con el segundo periodo de sesiones del año legislativo, que concluyó el pasado 30 de abril, sin que el Senado tocara el dictamen y sin que la Comisión de Turismo, que lo emitió, excitara a la Mesa Directiva para que lo sometiera a votación.
El martes 1 de septiembre inició el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión y en el Senado siguen ignorando por completo a la reforma de playas gratuitas, pues no está contemplada en la agenda de la mayoría morenista, y el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, Eugenio Segura, está de licencia en la campaña por la coordinación estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Quintana Roo, antesala de la candidatura a la gubernatura del estado.
Por su parte, Diego Castañón también está buscando brincar a otro cargo de elección popular, pese a su desastrosa, distante y corrupta administración en Tulum, pidiendo, entre otros, el apoyo externo del diputado Ricardo Monreal, al que le propuso la idea de la iniciativa de playas gratuitas para su lucimiento.
Actualmente, no existe en el Senado muestras de interés por sacar del baúl donde fue metido el dictamen de ratificación de la reforma de playas gratuitas y no hay voz de Quintana Roo que se preocupe por llamar a su aprobación, pues las otras dos senadoras del estado también están entretenidas en su futuro político electoral.
Tampoco ha dicho nada su promotor original, Diego Castañón, quien desde que el gobierno federal intervino en Tulum fue hecho a un lado de las gestiones y medidas para modificar la operación del Parque del Jaguar y facilitar recientemente, con la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, el acceso gratuito a las playas del destino y el abaratamiento de los excesivos costos de la empresa militar.
La reforma aprobada de origen por la Cámara de Diputados el 1 de octubre del 2025, necesita que sea ratificada por el Senado como cámara revisora para convertirse en ley, pero eso no ha sucedido a pesar de tener el dictamen en sentido aprobatorio, y con apoyo unánime desde diciembre del 2025.
Por lo mismo, ninguno de estos beneficios se pudo aplicar en Quintana Roo durante la temporada alta turística de diciembre del 2025, ni en la Semana Santa del 2026 y tampoco en la temporada alta del verano.
Esta reforma establecería que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre contigua sea libre, gratuito y permanente para todas las personas, sin distinción de origen, nacionalidad o condición social.
Prohibiría la imposición de cobros, cuotas o restricciones para ingresar, salvo en casos justificados por protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
Asimismo, ordenaría crear un Registro Nacional de Playas, basado en la identificación y validación conjunta de la traza urbana, semiurbana y rural, conforme a los Programas de Desarrollo Urbano, los Programas de Ordenamiento Ecológico y los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas.
Los municipios tendrían la obligación de inscribir en sus catastros y Registros Públicos de la Propiedad los accesos a playas, garantizando su permanencia y asegurando su reconocimiento en procesos de compraventa, rectificación de límites y colindancias.
Además, establecería la obligación de conceder un día de entrada gratuita a la semana a las áreas naturales protegidas, lo cual amplía el acceso a las que tienen zonas de recreación, como los Parques Nacionales, reservas de las cuales el estado de Quintana Roo tiene varias con playas en su interior.
Estas modificaciones legales son muy importantes, porque se termina con el modelo de turismo que privatizaba las playas en varios estados de la República y recupera el derecho al libre acceso a cualquier playa del país, no sólo en Tulum o Quintana Roo.
Pero ya no sirve como bandera de promoción política a Diego Castañón ni a su “padrino político”, Ricardo Monreal, por lo que dejan pasar sin mayor interés la dilación y el “tortuguismo” del Senado de la República, que ponen en cuestionamiento el compromiso de estos representantes de la 4T con el sector turístico y con los derechos de los mexicanos a disfrutar de sus playas y recursos naturales.