PLAYA DEL CARMEN.- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que México deberá pagar 15 millones 884 mil 117 dólares, más intereses, a Legacy Vulcan por incumplir obligaciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) relacionadas con su inversión en Calica, en Playa del Carmen.
El organismo publicó este miércoles el laudo del arbitraje promovido por la compañía contra el Estado mexicano, un documento de 530 páginas que pone fin a un procedimiento internacional iniciado en enero de 2019 y que se prolongó durante más de siete años.
El Tribunal concluyó que México no otorgó a las inversiones de Legacy Vulcan, incluida Calica, el trato justo y equitativo establecido en el artículo 1105 del TLCAN.
Como reparación, ordenó el pago de 15 millones 884 mil 117 dólares, cantidad a la que deberán añadirse intereses calculados con base en la tasa de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a seis meses más dos por ciento.
Los intereses se contabilizarán desde el 24 de enero de 2018 y hasta que México cubra íntegramente la indemnización, con capitalización anual.
Aunque el fallo fue favorable a Legacy Vulcan en ese punto, el Tribunal rechazó las demás reclamaciones y solicitudes planteadas dentro del procedimiento, por lo que la compensación quedó limitada a la cantidad establecida en el laudo más los intereses correspondientes.
El CIADI también declaró inadmisible la reconvención presentada por el Gobierno mexicano.
En cuanto a los costos del arbitraje, cada una de las partes deberá asumir sus propios gastos legales y demás erogaciones, mientras que los honorarios y gastos del Tribunal, así como los derechos administrativos y otros costos directos del procedimiento, serán cubiertos en partes iguales.
El conflicto comenzó formalmente en enero de 2019 y posteriormente incorporó nuevas actuaciones relacionadas con las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas contra las operaciones de la empresa.
En mayo de 2022, durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades federales clausuraron las instalaciones, circunstancia que llevó a incorporar nuevas pruebas al procedimiento arbitral.
Durante el proceso, el Tribunal admitió además una intervención de tercero presentada en representación de comunidades ubicadas alrededor de la mina, en la que participó el representante indígena Quetzal Tzab González.
El laudo fue emitido el 27 de julio e incluyó la opinión disidente de uno de los integrantes del Tribunal, aunque el documento fue publicado hasta este 9 de septiembre.
Con la resolución, México deberá cubrir la indemnización y los intereses determinados por el Tribunal, mientras que el resto de las reclamaciones presentadas dentro del prolongado litigio internacional fueron rechazadas.