CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, denominadas por sus críticos como “Ley Antimemes”, estén dirigidas a sancionar la sátira o la crítica política, y sostuvo que las nuevas disposiciones buscan combatir fraudes cometidos mediante la suplantación de la identidad de instituciones gubernamentales.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria puso como ejemplo la difusión de videos manipulados con inteligencia artificial en los que aparecen funcionarios promoviendo inversiones o servicios inexistentes.
Sheinbaum recordó que han circulado contenidos falsos en los que se utiliza su imagen o la de funcionarios, como el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para intentar obtener dinero de las personas mediante engaños.
“De pronto sale un video con inteligencia artificial del director del IMSS diciendo una falsedad para cometer un fraude o un video mío llamando a la gente a que invierta en una cuenta que es de Pemex, porque ya ocurrió”, ejemplificó.
La presidenta sostuvo que este tipo de conductas requieren un instrumento jurídico que permita sancionar a quienes utilizan la identidad gubernamental para cometer delitos y, en su caso, buscar la reparación del daño a las personas afectadas.
La reforma fue aprobada por el Senado el 30 de septiembre con 72 votos a favor y 34 en contra y enviada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo. El proyecto modifica disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial relacionadas con piratería, propiedad intelectual y utilización fraudulenta de la identidad gráfica institucional.
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo federal, señaló que la polémica se concentró en el artículo 403 Bis y rechazó que su contenido haga referencia a memes, críticas o sátiras contra el gobierno.
El texto aprobado establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, “a escala comercial”, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones de cualquiera de los tres órdenes de gobierno para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.
Alcalde explicó que la disposición pretende atender casos en los que se utilizan logotipos, páginas, documentos o elementos gráficos de dependencias como el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o las secretarías de Hacienda y Buen Gobierno para aparentar que una comunicación tiene carácter oficial y engañar a las personas.
La redacción que finalmente llegó al pleno del Senado fue modificada durante su discusión en comisiones. La propuesta original contemplaba sanciones de tres a siete años de prisión, pero después de las críticas de legisladores de oposición se incorporaron condiciones como que el uso se realice “a escala comercial”, exista intención de engañar y tenga como propósito cometer un ilícito. Las penas quedaron en uno a cinco años.
PAN y PRI han cuestionado la reforma al considerar que, pese a las modificaciones, la redacción podría prestarse a interpretaciones que afecten expresiones de crítica, parodia o sátira política. Morena y el Gobierno federal rechazan esa interpretación y sostienen que las condiciones incluidas en el artículo excluyen ese tipo de contenidos.
La reforma, por tanto, todavía no constituye una ley vigente en esos términos: tras su aprobación en el Senado deberá ser revisada y votada por la Cámara de Diputados antes de completar el proceso legislativo correspondiente.