WASHINGTON.- Un grupo bipartidista de congresistas de Estados Unidos pidió al Gobierno mexicano resolver el conflicto con Vulcan Materials Company por las operaciones y propiedades de su filial Calica en Quintana Roo, al considerar que las medidas adoptadas contra la compañía han afectado a trabajadores e intereses estadounidenses.
La carta fue encabezada por la representante demócrata Terri Sewell y coencabezada por August Pfluger, Salud Carbajal y Gary Palmer, además de contar con la firma de otros legisladores. El documento fue dirigido al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño.
Sewell acusó a autoridades mexicanas de haber utilizado durante años medidas que calificó como ilegales para intimidar a Vulcan Materials y a sus trabajadores, entre ellas intervenciones de fuerzas de seguridad en propiedades de la compañía. Esas afirmaciones corresponden al posicionamiento de la congresista y no a las conclusiones del reciente arbitraje internacional entre la empresa y México.
La legisladora señaló que ha trabajado con otros integrantes del Congreso estadounidense para explorar alternativas diplomáticas y legislativas frente al conflicto, entre ellas la denominada Defending American Property Abroad Act (DAPA).
“Seguiré luchando por todos los trabajadores de mi distrito que se han visto afectados por acciones comerciales ilegales perpetradas por naciones extranjeras”, sostuvo Sewell.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en marzo pasado la DAPA Act por 247 votos contra 164. La iniciativa contempla mecanismos comerciales frente a gobiernos extranjeros que expropien, nacionalicen o interfieran con propiedades pertenecientes a personas o empresas estadounidenses. Su aprobación en la Cámara de Representantes no significa, por sí misma, que la iniciativa haya entrado en vigor como ley.
Pfluger afirmó que las acciones contra Vulcan representan una amenaza para empleos, intereses económicos y la seguridad de Estados Unidos. También hizo referencia al reciente laudo internacional sobre el conflicto para respaldar sus críticas contra México.
Sin embargo, el fallo emitido en julio por el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó casi todas las reclamaciones presentadas por Legacy Vulcan contra México y únicamente determinó responsabilidad respecto de una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018.
La compensación reconocida representó menos del uno por ciento del monto reclamado originalmente por la empresa. El Gobierno mexicano ha señalado que esa resolución contradice la interpretación más amplia sostenida por Vulcan sobre el conflicto y ha remitido al texto del laudo para conocer los alcances de la decisión.
Los representantes Salud Carbajal y Gary Palmer también se sumaron al reclamo. Carbajal pidió garantizar un trato justo para las empresas y trabajadores estadounidenses que operan en el extranjero, mientras Palmer exigió respetar los derechos de propiedad de Vulcan y terminar con las acciones que considera dirigidas contra la compañía.
El conflicto se remonta a las restricciones impuestas a las operaciones de extracción de piedra caliza de Calica en Quintana Roo. En mayo de 2022 fueron clausuradas sus actividades extractivas y, en septiembre de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó como área natural protegida una superficie que comprende terrenos propiedad de la compañía.
La nueva carta abre otro frente de presión política desde el Congreso estadounidense, aunque constituye una gestión de legisladores ante la representación diplomática mexicana y no una resolución del Gobierno de Estados Unidos.
Por su parte, el Gobierno mexicano ha señalado que mantiene abierto el diálogo con Vulcan Materials, pero sostiene que continuará defendiendo sus recursos naturales y su soberanía dentro del marco legal.