BACALAR.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inició un procedimiento administrativo para deslindar responsabilidades por el ingreso sin autorización a una zona arqueológica ubicada en la comunidad de Nuevo Jerusalén, en Bacalar, luego de que Diana Xuluc, coordinadora de la Juventud en el municipio, difundiera un video de su visita al sitio.
La funcionaria municipal compartió en redes sociales imágenes en las que mostraba su recorrido por el área arqueológica, cuyo acceso se encuentra restringido. De acuerdo con la información difundida, el propósito del material era mostrar parte de la riqueza cultural de Bacalar y promoverla entre potenciales visitantes.
Sin embargo, la publicación generó críticas debido a que el sitio no está abierto al público y el ingreso se realizó sin la autorización correspondiente.
Después de la polémica, el video fue retirado de las cuentas de la funcionaria.
La regidora de Bacalar Tania Casa Madrid acudió posteriormente ante el INAH en Quintana Roo para solicitar información sobre la existencia de algún permiso que hubiera permitido a Xuluc ingresar a la zona arqueológica.
Casa Madrid sostuvo que tanto ciudadanos como servidores públicos deben respetar las disposiciones establecidas para la protección de sitios históricos y arqueológicos.
“Como ciudadanos, pero sobre todo, como funcionarios públicos, debemos de ser responsables en el cuidado de nuestro patrimonio histórico”, manifestó la regidora.
Ante las solicitudes de información y la controversia generada por las imágenes, el INAH confirmó que no otorgó autorización para el ingreso de la funcionaria al sitio arqueológico de Nuevo Jerusalén.
El Instituto informó además que dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente en materia de protección del patrimonio arqueológico, mediante el cual se buscará establecer las circunstancias en las que ocurrió el acceso y deslindar las responsabilidades correspondientes.
Será a partir de ese procedimiento que la autoridad federal determine si existieron afectaciones al patrimonio y, en su caso, las medidas o sanciones que procedan.
El caso generó cuestionamientos principalmente por tratarse de una servidora pública y por la difusión del recorrido como una actividad destinada a promover turísticamente un espacio cuyo acceso permanece restringido.
Hasta el momento, el INAH únicamente ha confirmado que el ingreso no contó con su autorización y que iniciará el procedimiento administrativo para determinar responsabilidades.