
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles el decreto de la reforma constitucional que exigirá contar únicamente con la nacionalidad mexicana a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La disposición será aplicable a partir de los procesos electorales de 2028.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria formalizó la reforma después de que concluyera el procedimiento previsto para modificar la Constitución, que incluyó su aprobación por mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión y el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales.
“Hoy firmamos el decreto, ya aprobado por el Senado, por mayoría calificada, por la Cámara de Diputados, por mayoría calificada y por los congresos estatales, es decir, el Constituyente, de que ningún presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, pueden tener doble nacionalidad”, señaló.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la nacionalidad única como requisito para ejercer la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales.
“A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de Gobierno, jefe de Gobierno, presidenta o presidente de la República, solo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, explicó Sheinbaum.
La modificación no elimina la posibilidad de que los mexicanos tengan doble nacionalidad. La restricción se aplica específicamente a quienes pretendan registrarse para alguno de los cargos contemplados por la reforma.
Las personas que actualmente tengan otra nacionalidad además de la mexicana podrán participar, siempre que renuncien a la extranjera antes de solicitar formalmente su registro como candidatas.
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que el requisito deberá cumplirse antes del registro electoral.
“Es una reforma que, como establecen los transitorios, aplica a partir del 2028 y establece como requisito necesario para toda persona que quiera registrarse como candidato, candidata para ser presidente o presidenta de la República, gobernador o gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, tendrá necesariamente, previo al registro del INE, de contar con doble nacionalidad, renunciar a ella, de manera tal que únicamente se tenga la nacionalidad mexicana”, indicó.
Además, la reforma establece que quien se encuentre en ejercicio de alguno de esos cargos no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad diferente de la mexicana. Las disposiciones también comprenden el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y acogerse a la protección diplomática de otro país.
Alcalde explicó que todavía deberán emitirse disposiciones reglamentarias para determinar el procedimiento mediante el cual las personas con doble nacionalidad acreditarán que renunciaron a una de ellas.
“Para que quede muy claro cuál es el trámite que debe realizarse y ante qué autoridades, no limitadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a los propios países de los cuales se tiene la nacionalidad”, declaró.
La legislación secundaria deberá precisar los mecanismos y documentos necesarios para comprobar la renuncia, debido a que el procedimiento también dependerá de las normas establecidas por el país que haya concedido la segunda nacionalidad.
El Congreso de la Unión tendrá 90 días naturales para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral, mientras que las entidades federativas dispondrán del mismo plazo para armonizar sus constituciones y leyes electorales.
Aunque el decreto entrará en vigor después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el régimen transitorio establece expresamente que el nuevo requisito para las candidaturas comenzará a aplicarse a partir de los procesos electorales de 2028.
De esta manera, la modificación constitucional no cambiará los requisitos de nacionalidad para las elecciones de 2027, pero sí alcanzará los procesos posteriores en los que estén en disputa la Presidencia de la República, gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.