CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no mantiene actualmente investigaciones abiertas contra Andrés Manuel López Beltrán ni contra empresarios y personas señaladas públicamente por su cercanía con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, durante su comparecencia ante el Senado.
El funcionario fue cuestionado por la senadora del PAN Mayuli Martínez Simón, quien pidió conocer si la UIF investigaba los señalamientos relacionados con una presunta red de negocios, contratos públicos, tráfico de influencias y contrabando de combustibles que la legisladora atribuyó al entorno de López Beltrán.
Amador explicó que la UIF participa como coadyuvante en procedimientos judiciales y administrativos y aseguró que la institución aplica los mismos criterios independientemente de las personas físicas o morales involucradas.
“La UIF es coadyuvante en los procesos judiciales y administrativos, y la unidad no hace ninguna excepción, no tiene ninguna otra restricción más que la guía que le dan la fiscalía y otras entidades”, señaló.
Agregó que, hasta el momento, no existe una investigación de la Fiscalía General de la República en el sentido planteado durante los cuestionamientos de la oposición.
Durante su intervención, Martínez Simón presentó una relación de personas a las que vinculó con lo que denominó el “clan” de Andrés Manuel López Beltrán y atribuyó a esa presunta red negocios y contratos por alrededor de 49 mil millones de pesos. Esas acusaciones corresponden a los señalamientos formulados por la legisladora y no a conclusiones de una investigación judicial.
Entre las personas mencionadas estuvo el empresario Amílcar Olán, a quien la senadora relacionó con contratos vinculados con medicamentos, suministro de balasto para el Tren Maya, Pemex y presunto contrabando de combustibles.
También mencionó a Alex Tonatiuh Márquez, Daniel Asaf, Javier Núñez López, Luis Alberto Olán, Mario Mabarak Paniagua, Ricardo Pacheco y otras personas que, de acuerdo con la exposición de la senadora, habrían participado en diferentes operaciones o contratos gubernamentales.
Martínez Simón preguntó directamente al secretario de Hacienda si la UIF investigará esos señalamientos, si ha detectado irregularidades financieras relacionadas con alguno de los involucrados y qué medidas podría adoptar la dependencia ante futuras contrataciones públicas.
En el caso específico de Amílcar Olán, Amador rechazó que exista actualmente una investigación de la UIF y explicó que la institución no ha recibido un requerimiento de otra autoridad para intervenir en un procedimiento en su contra.
El secretario sostuvo que la actuación de la Unidad no depende de relaciones personales o políticas y reiteró que debe aplicar los mismos criterios técnicos en todos los casos.
Los cuestionamientos se producen después de publicaciones periodísticas que han relacionado a personas cercanas a López Beltrán con contratos gubernamentales y presuntas operaciones irregulares. Esos reportes y los señalamientos realizados desde la oposición no equivalen, por sí mismos, a responsabilidades penales acreditadas.
También se han difundido versiones sobre pesquisas de autoridades estadounidenses en torno a acusaciones relacionadas con López Beltrán. De acuerdo con esas publicaciones, no se habrían iniciado procedimientos formales en su contra.
La presidenta Claudia Sheinbaum había señalado previamente que no tenía conocimiento de una investigación de la Fiscalía General de la República contra el hijo del expresidente López Obrador.
La comparecencia de Amador ante el Senado dejó como posición oficial de Hacienda que la UIF no mantiene actualmente una investigación en los términos planteados por los legisladores de oposición y que tampoco existe, según lo expresado por el funcionario, una investigación de la Fiscalía que haya requerido la intervención de la Unidad.
Andrés Manuel López Beltrán participa actualmente en el proceso interno de Morena por la coordinación correspondiente al Distrito 6 federal de Tabasco. Esa participación constituye una etapa partidista y no equivale todavía a una candidatura formal a la Cámara de Diputados.