CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que Comercializadora JVLY recibió del Instituto Nacional Electoral (INE) 63.2 millones de pesos en 2024 y los transfirió íntegramente, en menos de tres semanas, a nueve empresas y una persona física cuya relación con el servicio contratado no pudo acreditar.
El hallazgo forma parte de una auditoría forense a la Cuenta Pública 2024, dictaminada en enero de 2026 y cuyos resultados permanecen en fase de solventación. La revisión corresponde al primer año completo de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE y antecedió por casi nueve meses al anuncio de una investigación de oficio de la ASF por posibles conflictos de interés y triangulación de recursos.
Según el informe, el instituto adjudicó directamente a JVLY un contrato de materiales para simulacro electoral en marzo de 2024, pero realizó el pago hasta el 31 de diciembre.
La empresa presentó una opinión del Seguro Social que refería 76 trabajadores, aunque no tenía empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tampoco presentó su declaración anual de 2024.
Al rastrear las transferencias, la ASF encontró que una de las receptoras declaró haber recibido el dinero como préstamos y posteriormente envió 6 millones de pesos a una persona física.
Otra empresa sostuvo que los recursos correspondían a la compra de un seccionador eléctrico y negó haber trabajado con instituciones electorales. Esa firma transfirió 12.3 millones de pesos a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), una cantidad superior a los 10 millones que recibió provenientes del INE. Otras tres empresas no pudieron ser localizadas por los auditores.
La revisión también identificó que Plásticos y Metales MYC, receptora de recursos presuntamente triangulados por JVLY, transfirió 2 millones de pesos a Grumeec. Esta última había participado como supuesta competidora en el sondeo de mercado utilizado para adjudicar el contrato.
Además, la ASF señaló que las visitas de supervisión del INE a JVLY se realizaron en el domicilio de otro proveedor, Formas Finas y Materiales, y no en la dirección establecida en el contrato.
De las 19 acciones determinadas por la auditoría, nueve seguían abiertas, según la consulta del diario al sistema de la ASF: tres pliegos de observaciones por 66.6 millones de pesos, el mayor relacionado con JVLY, y seis recomendaciones.
Las otras 10 acciones fueron turnadas a distintas instancias: dos al área de investigación de la ASF, seis al Órgano Interno de Control del INE y dos al Servicio de Administración Tributaria y al IMSS para que auditen a la empresa.
Las dos remitidas al área investigadora de la ASF corresponden a pagos por 793.9 millones de pesos a Talleres Gráficos de México, realizados el 31 de diciembre de 2024 para boletas y materiales de la elección judicial.
De ese monto, 754.9 millones fueron por boletas y 39 millones por materiales didácticos. Funcionarios del INE los reportaron recibidos “a entera satisfacción”, aunque fueron entregados en 2025. Un director del área reconoció ante la ASF que al momento del pago no existía un servicio devengado.
Paralelamente, la ASF realiza una auditoría integral al gasto del INE en 2025, independiente de la investigación de oficio anunciada el viernes. El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentará el 30 de octubre ante la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025.