
CIUDAD DE MÉXICO.- Desde este martes 3 de noviembre, los estudiantes de educación básica en México pueden llevar el celular a la escuela, pero deberán mantenerlo guardado incluso durante el recreo. La restricción también abarca los relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos personales, con excepciones por motivos educativos, emergencias, salud y accesibilidad.
La medida se aplica en planteles públicos y privados de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Forma parte del Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, y busca reducir las distracciones en clase y recuperar los recreos como espacios de convivencia.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que la regulación se acordó con las autoridades educativas de las 32 entidades. La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la disposición limita el uso de los teléfonos durante la jornada escolar, pero permite que los alumnos los lleven al plantel.
Los dispositivos podrán utilizarse cuando formen parte de una actividad programada y guiada por docentes, ante una emergencia personal o cuando sean necesarios para atender o monitorear una condición médica. También se contempla su uso como herramienta de accesibilidad e inclusión para estudiantes con discapacidad, así como en circunstancias extraordinarias que lo justifiquen.
Entre las recomendaciones de la SEP están dejar los aparatos en casa cuando no sean necesarios, evitar las redes sociales y los videojuegos durante los descansos y abstenerse de fotografiar o grabar a compañeros, docentes y personal escolar sin su consentimiento.
El acuerdo no establece una sanción automática a nivel nacional. Cada comunidad escolar deberá informar a las familias y definir cómo aplicará las reglas de acuerdo con las condiciones del plantel.
Según la SEP, más de 565 mil docentes participaron en la consulta realizada en el Consejo Técnico Escolar y alrededor del 81 por ciento respaldó establecer reglas para el uso de dispositivos digitales. La dependencia y las autoridades educativas estatales revisarán cada semestre la aplicación de la medida para determinar si necesita ajustes.