CIUDAD DE MÉXICO.- En su 51° sesión ordinaria, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó dos acuerdos nacionales en materia de desapariciones y el fortalecimiento de las policías estatales, con el objetivo de que los 32 Estados de la República y el Gobierno federal tengan una mejor coordinación y resultados en el combate a los delitos del fuero común y la búsqueda de personas.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), enfatizó que el fortalecimiento de las policías estatales y municipales es esencial para enfrentar la mayoría de los delitos en México, que pertenecen al fuero común.
El funcionario presentó cifras recientes sobre homicidios dolosos, detenciones, aseguramiento de armas y desmantelamiento de narcolaboratorios, destacando avances concretos en la estrategia nacional de seguridad y subrayando la colaboración entre la federación, estados y municipios.
Explicó que la gran mayoría de los delitos en México, incluyendo robos, extorsiones y violencia local, se registran bajo jurisdicción estatal y municipal, lo que convierte a las fuerzas locales en el primer contacto con la ciudadanía y los principales responsables de atender emergencias.
Según el secretario, contar con policías bien equipadas, capacitadas y con protocolos estandarizados permite que las corporaciones locales no solo respondan a los delitos, sino que también los prevengan e investiguen de manera efectiva. Además, destacó que el fortalecimiento de estas instituciones es clave para recuperar la confianza de la población en las fuerzas de seguridad.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), detalló que el Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública se basa en tres ejes y 16 acciones, y el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas cuenta con dos ejes y seis acciones.
Como primera acción, a partir de la publicación de la Ley General del SNSP y del decreto por el que se reforma la Ley General en materia de desaparición, el 16 de julio de 2025, los mandatarios estatales deberán presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma correspondientes para armonizar sus leyes locales.
Las reformas a las leyes para su articulación con la Ley General del SNSP deberán enfocarse en la formalización normativa de las mesas de paz estatales y regionales; el cumplimiento de las áreas mínimas para secretarías de Seguridad estatales, y fiscalías y procuradurías estatales; y la alineación de las bases mínimas del desarrollo policial, ministerial, pericial y penitenciario, así como del régimen disciplinario de las instituciones de seguridad pública.
En tanto, las leyes en materia de desaparición deberán prestar particular atención a la homologación de los tipos penales de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, así como la definición de procedimientos claros para la emisión de la declaración especial de ausencia; y el fortalecimiento de las Fiscalías especializadas en materia de desaparición.
Asimismo, deberán enfocarse en las leyes de procedimientos para la activación de la Alerta Nacional de Búsqueda e incorporación inmediata de la información correspondiente en la Base Nacional de Carpetas de Investigación ante cualquier noticia, reporte o denuncia sobre personas desaparecidas o no localizadas.
En cuanto al Acuerdo Nacional para fortalecer a las instituciones de seguridad pública, se basa en tres ejes: el incremento del estado de fuerza y la profesionalización de las policías estatales; el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación; y la modernización y estandarización de la infraestructura tecnológica, y del Sistema Nacional de Información.
Hacia 2029 todos los Estados de la República deberán cumplir hacia diciembre de 2029 con el fortalecimiento de las capacidades operativas y el estado de fuerza de las policías estatales y de Investigación, de los Ministerios Públicos y de las fiscalías estatales.
El encuentro realizado en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional la tarde del 2 de agosto reunió a 29 gobernadores estatales, tanto aliados como de oposición, al gabinete de seguridad federal, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otras representaciones, entre ellas, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Fuente: Reporte Índigo/Eje Central