Comunidades exigen a la SCJN resolver conflicto limítrofe en la Península

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CHETUMAL.- Andrés Blanco Cruz, representante legal de comunidades rurales ubicadas en la zona limítrofe en disputa entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán, informó que continúan las gestiones para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una resolución definitiva sobre el conflicto territorial que se mantiene desde hace más de 29 años.

Explicó que, desde el año pasado, las comunidades presentaron un escrito dirigido al entonces ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, solicitando la elaboración de un proyecto de sentencia. Sin embargo, el proceso se ha retrasado debido a cambios en el Poder Judicial, como la elección de magistrados y jueces federales, así como la renovación en la integración del máximo tribunal, lo que derivó en la reasignación del expediente a otra ministra.

Ante este escenario, indicó que recientemente se ingresó una nueva solicitud con el fin de evitar mayores dilaciones y lograr que el caso avance hacia una resolución. Señaló que el expediente se encuentra en etapa de cierre de instrucción, lo que permitiría que se formule una sentencia y se someta a consideración del pleno.

Blanco Cruz subrayó que la urgencia de una resolución radica en las condiciones de rezago que enfrentan las comunidades asentadas en la franja en disputa, donde persisten carencias en servicios básicos como agua potable, salud y seguridad.

En ese sentido, cuestionó declaraciones de autoridades de Campeche sobre un supuesto acuerdo entre gobiernos estatales para no abordar el tema, al considerar que el conflicto no debe ser un obstáculo para atender a la población.

“El hecho de que exista una controversia territorial no puede ser pretexto para que las comunidades sigan en condiciones de marginación. No se puede posponer indefinidamente la atención a sus derechos”, señaló.

Finalmente, advirtió que las comunidades mantendrán presión para que la Suprema Corte resuelva el caso, al considerar que una sentencia definitiva es clave para destrabar la implementación de políticas públicas y garantizar condiciones dignas para los habitantes de la zona.

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