CHETUMAL.- La XVIII Legislatura de Quintana Roo aprobó la integración de una Comisión Instructora que analizará y dictaminará si ha prescrito o no la procedencia de iniciar un juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina, por actos cometidos cuando se desempeñó como secretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, cargo que dejó hace más de nueve años.
La Comisión Instructora quedó conformada por la diputada Lilia Inés Mis Martínez, de Morena, como presidenta; el diputado Jorge Armando Cabrera Tinajero, del PVEM, como secretario; y la diputada Diana Frine Gutiérrez García, del PT, como vocal, tras un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) aprobado por mayoría.
De acuerdo con la Jugocopo, esta determinación deriva del cumplimiento de una resolución judicial emitida el pasado 3 de febrero dentro del amparo en revisión 497/2019, en el cual el Primer Tribunal Colegiado de Circuito ordenó al Congreso del Estado revisar si el juicio político ha prescrito o si aún puede llevarse a cabo.
Cabe señalar que dicho amparo fue resuelto el 20 de enero de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún, con proyecto de la magistrada Lina Victoria Bolio Pasos, quien anteriormente se desempeñó como funcionaria del Ayuntamiento de Benito Juárez.
En esta resolución se determinó amparar a Juan Pablo Guillermo Molina para que la Legislatura estatal “examine si ha operado o no la prescripción planteada por el quejoso”, quien desde 2019 solicitó que un juzgado federal declarara la prescripción del juicio político iniciado por la XV Legislatura; sin embargo, ante la negativa, impugnó la decisión ante instancias superiores.
El exfuncionario argumenta que, al haberse presentado la denuncia el 3 de abril de 2017, el caso habría prescrito un año después, conforme al artículo 12 de la Ley de Responsabilidades vigente en ese momento, que establecía ese plazo para aplicar sanciones desde el inicio del procedimiento.
Este juicio político fue promovido por la XV Legislatura a partir de una denuncia presentada por la asociación civil Somos tus Ojos, encabezada por la abogada Fabiola Cortés Miranda. Aunque el proceso avanzó inicialmente con la integración de una Comisión Instructora presidida por Emiliano Ramos Hernández y derivó en conclusiones acusatorias en 2019, diversos amparos interpuestos por Guillermo Molina frenaron su avance.
Entre las acusaciones destaca el presunto desvío de más de mil millones de pesos, correspondientes a recursos pagados por la empresa Aguakan como contraprestación por la ampliación de su concesión, los cuales habrían sido transferidos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
No obstante, la legislación establece plazos estrictos para la procedencia del juicio político: la denuncia debe presentarse dentro del año siguiente a la conclusión del cargo, y las sanciones aplicarse en un plazo similar a partir del inicio del procedimiento.
El punto central que deberá resolver la actual Legislatura es determinar a partir de qué momento inicia dicho procedimiento. Mientras la defensa de Guillermo Molina sostiene que comienza con la presentación de la denuncia, la normativa vigente en ese entonces establece que el juicio político inicia formalmente cuando el pleno del Congreso aprueba su procedencia.
De acuerdo con ese marco legal, la denuncia se quedó en la etapa de instrucción, sin que el pleno haya declarado formalmente el inicio del juicio político, ya que la Comisión Instructora únicamente analiza si existen elementos suficientes para someter el caso al órgano legislativo en pleno, que actúa como Jurado de Sentencia.
En caso de avanzar, este sería apenas el segundo juicio político en la historia de Quintana Roo. El primero se realizó en 2005 contra el entonces alcalde de Benito Juárez, Juan Ignacio García Zalvidea, quien fue inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos.
Una sanción similar podría enfrentar Juan Pablo Guillermo Molina si la XVIII Legislatura determina que el juicio político no ha prescrito y procede su realización.