Signos
Así, pues, no hay intromisión armada directa de los Estados Unidos en México (aunque los agentes de Inteligencia de la DEA, la CIA, el FBI, el Pentágono y otros servicios de espionaje se muevan desde su Embajada u operen de manera encubierta para infiltrar el entorno de sus objetivos desde sus respectivos flancos, como ocurre en todo el mundo, de las mil y una manera en que son especialistas en hacerlo).
La nueva superagencia ‘americana’ tiene o pretende tener bajo la lupa el mayor ámbito criminal posible de su interés, como el de las actividades y estructuras de los cárteles del narcoterror y sus reales y potenciales redes y conexiones políticas, institucionales, empresariales, armadas y de toda índole corporativa y de desarrollo y diversificación de su conglomerado.
Y, de ese modo, se inhibe el intervencionismo extranjero violatorio de las normas que defienden los principios de la soberanía nacional, mientras se garantiza una colaboración bilateral de interés mutuo en el orden de la seguridad de ambos Estados.
Porque no hay organización criminal ninguna, por poderosa y bien armada que sea, que tenga más capacidad logística y ofensiva que el Estado Nacional. Y el Estado Nacional es de sobra suficiente para acabar con todas ellas por cuenta propia, si cuenta con la voluntad de su presidencia, de sus liderazgos representativos superiores, y de toda la información para hacerlo.
(Porque bien se sabe, asimismo, que el poder de las organizaciones criminales es el de la corrupción, la intimidación y la fragilidad del Estado de derecho.
Sus fueros residen en la complicidad y la vulnerabilidad de las autoridades que debieran combatirlas, someterlas, exterminarlas y reducirlas como factores que son de ingobernabilidad y destrucción institucional, corrompiendo, con la complacencia y el tutelaje del poder político, los sistemas de Justicia, y, valiéndose de esa sociedad con la delincuencia gobernante legitimada en las urnas -mediante legislaciones y autoridades electorales precarias en una democracia viciada e incivil donde el sufragio puede comprarse y pueden adulterarse los resultados de los comicios-, blindarse de impunidad, garantizar su hegemonía, y hacer prosperar su industria a costa de la descomposición de la seguridad pública, la paz social y los derechos de todos.)
Y entonces la alternativa de la nueva Fuerza de Tarea Anticárteles ‘americana’, sin tener que meter en un un brete constitucional el liderazgo del Estado mexicano y combatir de manera coordinada a los cárteles, puede ser la mejor de las opciones en favor de la seguridad común.
Faltará ver si cuando en el seguimiento pormenorizado de la superagencia aparecen los nexos de los cárteles del narcoterror con sus socios del poder político y empresarial, las autoridades mexicanas del Sistema Federal de Seguridad cumplen sus responsabilidades como contra el Mencho, sean esos socios de la estatura y de la filiación ideológica y política que sean, y se identifiquen o no como predicadores de la renovación moral de la sociedad y la Regeneración Nacional, es decir sean verdes malandros o sean guindas disfrazados. Que no se distingan ante el daltonismo de la ley del segundo piso de la ‘cuarta transformación’. Y que donde pongan el ojo la nueva Fuerza de Tarea y la Inteligencia mexicana aliada, pongan la bala las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y todas las autoridades del Sistema Federal de Seguridad.
SM