BAJA CALIFORNIA.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó de los señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos contra su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, y sostuvo que corresponderá a las instancias competentes esclarecer las acusaciones en su contra.
La mandataria fijó su postura después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a Torres entre 21 personas y 25 entidades sancionadas por presuntos vínculos o apoyo a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
Ávila Olmeda afirmó desconocer la totalidad de los hechos contenidos en los señalamientos y evitó pronunciarse sobre las acusaciones específicas contra su exesposo y otros exfuncionarios de Baja California.
“Ni el gobierno ni una servidora vamos a ser voceros de esas circunstancias”, declaró ante medios de comunicación, al señalar que serán las autoridades correspondientes las encargadas de proporcionar información y determinar eventuales responsabilidades.
Respecto de los señalamientos contra personas que ocuparon cargos públicos en Baja California, la gobernadora sostuvo que su administración ha combatido a los diferentes grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad.
El Departamento del Tesoro estadounidense señaló directamente a Carlos Torres como un operador político relacionado con la estructura de Los Mayos en Baja California y afirmó que habría utilizado su influencia para facilitar actividades del grupo y protegerlo de intervenciones gubernamentales y policiales. Se trata de acusaciones formuladas por la autoridad estadounidense en el documento que sustenta las sanciones.
La misma acción alcanzó a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres; Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, y Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario aduanal y exasesor legislativo, entre otros.
El Tesoro estadounidense afirmó además que la corrupción asociada con esa estructura criminal habría alcanzado altos niveles del gobierno de Baja California. Marina del Pilar Ávila, sin embargo, no figura entre las 21 personas sancionadas por la OFAC en la acción anunciada el 29 de septiembre.
Carlos Torres rechazó previamente cualquier relación con organizaciones o actividades criminales y anunció que realizará gestiones ante las autoridades de Estados Unidos para aclarar su inclusión en la lista de personas sancionadas.
El exlegislador sostuvo que los señalamientos en su contra se originaron a partir de denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025 y aseguró que hasta ahora no ha sido llamado a comparecer por esos hechos.
Torres manifestó que buscará que las investigaciones continúen para, según su postura, demostrar que no tiene relación con las conductas que le atribuyen las autoridades estadounidenses.
Las sanciones de la OFAC implican, entre otras medidas, el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como restricciones para realizar determinadas operaciones con ellas.