Signos
La cosa empezó con la alternancia foxista del PAN en la Presidencia de la República. La centralización y el control priista del poder político, policial y militar se fragmentó en tantos Municipios, Estados y regiones dominados por facciones y alianzas partidistas del nuevo oficialismo y la nueva oposición que al cabo se ‘independizaron’ como cacicazgos y botines democráticos de conquista. Se entendieron libres para hacer negocios propios económicos y de poder. Perdieron la protección de un liderazgo nacional ahora democráticamente legitimado y alternativo y emergente (aunque inédito, enfrentado con la nueva oposición y sin los viejos códigos autoritarios pero efectivos de gestión de la dirigencia superior del país). Y terminaron esos nuevos grupos gobernantes en sus entidades y municipalidades a merced de organizaciones delictivas también fragmentadas por la dispersión pluralista de grupos políticos, policiales, ministeriales, judiciales y militares, y en cuyos entornos territoriales sometían con entera facilidad a las autoridades locales con quienes compartían sus negocios por las buenas o por las malas, comprando policías, Fiscales, Jueces y directivos penales, sin que los militares entraran mayor cosa en la escena porque su comandancia civil no tenía la más remota idea de qué hacer con ellos, y hasta que la ingobernabilidad y el caos le estallaron al sucesor de Fox, Felipe Calderón, que en el desmoche de autoridades locales inoperantes, Policías y Fiscalías y Juzgados corrompidos o medrosos decidió sin más, y ante la falta de asideros institucionales, echar a la tropa a las calles y a las veredas a enfrentar y a intentar sofocar el fuego incontenible de las crecientes y sangrientas manadas de sicarios, y mal copiar el Plan Colombia dejando entrar al país, a discreción, a los efectivos de las agencias anticrimen estadounidenses (DEA, FBI, CIA y Fuerzas Especiales de la Armada, por ejemplo, que fueron eficaces en la formación de Fuerzas Especiales de marinos mexicanos antidrogas), y que si bien tuvieron buenos resultados en ese flanco, los mismos fueron rebasados por la corrosión incorregible en todos los aparatos del sistema de Justicia penetrados y controlados por organizaciones criminales que se dividían, en la misma lógica de la dispersión del poder político y territorial, y operaban con quienes pudiesen someter o negociar. Con la irrupción de los Zetas -en las inmediaciones inaugurales del segundo milenio-, el narcoterror multiplicó sus fuentes empresariales incorporando el secuestro, la extorsión, la apropiación forzada de inmuebles y comercios, la trata, y el uso industrial del miedo y la crueldad cuya violencia estratégica y sistemática contagió a todas las organizaciones criminales que la instrumentaron (y hoy la usan hasta quienes no venden drogas), lo que pervirtió el narcotráfico y lo complementó con carnicerías incontables donde sicarios cada vez más sádicos y despiadados terminarían intimidando e imponiendo sus condiciones en todos los ámbitos de su dominio, merced a la impunidad que han ganado sobre la pasividad y la complacencia de las autoridades locales, que nunca han sido exigidas por las federales, cuyo régimen presidencial anterior prefirió combatir la política de la violencia constitucional militarizada del calderonismo con el discurso de que había mejor que combatir la pobreza como causa esencial de la inseguridad y no afectar los derechos humanos de los homicidas, que eran tan importantes como los de los seres inocentes descuartizados por ellos; una retórica que optaba por dejar hacer, y que en la pasividad de no generar más violencia confrontando los arsenales criminales con los de las Fuerzas Armadas prefería que no se acusara al Gobierno federal de los derramamientos de sangre, aunque en la realidad de los hechos era la inoperancia frente al crimen lo que ampliaba la ilegalidad y la expansión del mismo hacia regiones cada vez más extensas del país, en algunas de las cuales, empero, la violencia balacera ya no es parte del paisaje cotidiano porque el dominio de un grupo criminal ha eliminado a la competencia, se ha vuelto hegemónico, e impone sus fueros administrando la violencia sicológica de su superioridad. Allí, como ocurre en el norte de Tamaulipas y Nuevo León, pareciera que la autoridad ha sofocado a la delincuencia, pero son los delincuentes los que se han convertido en autoridad e imponen las condiciones de paz social que más convienen a sus negocios (que además de las drogas y el monopolio de todas las actividades delictivas locales, incluyen el tráfico de indocumentados y el acaparamiento de tierras, propiedades rurales y empresas comerciales, y el control de cada vez más actividades económicas y políticas).
Hoy día la Presidenta Sheinbaum, al frente de su equipo de seguridad civil y militar, ofrece pacificar, en primera instancia, los territorios más violentos e ingobernables del país, como Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y otros tomados por las bandas criminales. Dice que no habrá una guerra contra el ‘narco’ como la de Calderón pero que combatirá las fuentes promotoras de la incidencia delictiva. Es decir que los jefes narcos caerán. Se sumarán en un solo sistema los aparatos de Inteligencia e investigación fiscales, policiales y militares de la Federación, ahora más perfeccionados y productivos. La Guardia Nacional elevará sus rangos de acción mediante mayores estándares de formación y disciplina militar. Y se optimizará la integración y la solución de causas penales mediante la depuración y el mejoramiento de los expedientes ministeriales para su más pronta ejecución judicial. Habrá una reforma constitucional para modernizar las Fiscalías y convertir también a los nuevos Fiscales en autoridades de elección popular. Ante la dispersión del poder político que ha favorecido la autonomía caciquil de Gobernadores, Munícipes y demás autoridades locales que cultivan la impunidad y el negocio criminal en sus demarcaciones mediante su debilidad y su complicidad y corrupción, se advierte que tendrán que integrarse a la responsabilidad republicana de la coordinación integral contra la delincuencia, donde más del ochenta por ciento de los delitos son del fuero común y es su obligación primaria combatirlos. O promueven una mayor eficiencia en los mecanismos de procesamiento del delito que eleve los estándares de la justicia entre la prevención, la consignación y el castigo a los criminales, o se evidenciará de manera objetiva su papel como factores del crimen. O se integran y enseñan sus relativas competencias cabales, o exhiben sus investiduras censurables y punibles. Ojalá que así sea. Que la coordinación de las responsabilidades republicanas en el orden fundamental de la seguridad ponga en el aparador de la opinión pública nacional e internacional quién es quién en los territorios de sus respectivos mandatos ciudadanos. Andrés Manuel y su Gobierno rindieron muy malas cuentas al respecto, y tampoco exhibieron la basura acumulada en los estatales y municipales como responsables de la corrupción, la violencia y la inseguridad en el país. Sería una gran conquista conocer, ahora que se anuncia la rendición de cuentas y las opciones de participación de las autoridades estatales en el nuevo programa anticrimen y contra la impunidad del Gobierno federal, cuáles son las calificaciones de los mandatarios locales y cuáles son, y en qué medida, responsables de lo que pasa con la delincuencia y la justicia en sus localidades. Sí, los Gobiernos estatales y municipales son soberanos. Pero en una nación incivil y de alto precarismo democrático, han hecho de su soberanía territorial e institucional feudos autocráticos y al servicio del presidencialismo totalitario, en su época tricolor, y luego, en la democracia pluralista, zonas de poder donde los Gobernadores mandan en los Poderes y municipalidades de su alianza partidista mientras los Alcaldes opositores no le dan cuentas a nadie porque sus partidos se pulverizan. ¿Se impondrá la Presidenta Sheinbaum y su programa de coordinación republicana contra la violencia criminal y la inseguridad, cifrado en la suma de un sistema de Inteligencia e investigación policial, fiscal y militar que debe contar, asimismo, con la competencia de los organismos locales respectivos y sistemas de Justicia que procesen del mismo modo las causas penales derivadas de las investigaciones? ¿Se impondrá a los Gobiernos locales que han cultivado, con la simulación y la corrupción, la tierra prometida de los criminales?
SM