CHETUMAL.- El gobierno de Quintana Roo publicó en el Periódico Oficial del Estado las reformas a la Ley de Derechos, mediante las cuales se establecen nuevas tarifas y se actualizan los costos de diversos servicios que prestan dependencias estatales, entre ellos el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
A diferencia de ejercicios anteriores, las modificaciones entraron en vigor de manera inmediata, el mismo día de su publicación, el pasado 18 de diciembre, y no hasta el 1 de enero de 2026.
La Ley de Derechos del Estado regula el cobro de servicios que ofrecen las dependencias y organismos públicos estatales. En esta ocasión, la reforma contempla la creación de nuevos derechos y el incremento de otros, independientemente del ajuste general que se aplicará a partir de febrero de 2026, cuando aumente la Unidad de Medida y Actualización (UMA), base en la que están fijadas la mayoría de las tarifas.
Entre los nuevos cobros del Registro Civil se encuentra la Constancia de Descendencia y/o No Descendencia, con un costo de 3.50 UMA, equivalente actualmente a 396 pesos, así como la certificación de actas de otras entidades federativas sobre reconocimiento o adopción, con una tarifa de 2.75 UMA, es decir, 312 pesos.
En el Registro Público de la Propiedad y del Comercio se creó una nueva tarifa por un servicio específico, con un costo de 5.75 UMA, equivalente a 650.55 pesos. No obstante, también se redujo el precio por la expedición de certificados de libertad o de existencia de gravamen en la Sección Inmobiliaria, que pasó de 5.75 UMA (650.50 pesos) a 5 UMA (565.70 pesos).
La reforma incorpora además nuevos cobros en la Secretaría de las Mujeres, relacionados con cursos, evaluaciones y certificaciones en estándares de competencia laboral con perspectiva de género, con tarifas que van desde 13.25 UMA (1,499.10 pesos) hasta 291.27 UMA (32,954.29 pesos), dependiendo del servicio.
También se incrementaron las tarifas de los servicios prestados por el Instituto Geográfico y Catastral del Estado, particularmente para la impresión de planos, vuelos de dron para geolocalización y la realización de vuelos fotogramétricos georreferenciados mediante equipos aéreos no tripulados.
En contraste, la reforma contempla reducciones en algunos servicios. Destaca el caso del permiso de pesca deportiva-recreativa, cuyo costo bajó de 2.5 UMA (226.28 pesos) a 0.50 UMA (56.57 pesos). La disminución obedece al rechazo que generó el cobro estatal entre pescadores deportivos y prestadores de servicios náuticos, debido a que ya existe una tarifa federal, lo que encarecía la actividad y llevó al gobierno estatal a conceder una exención total en ejercicios anteriores.
También se ajustaron a la baja algunos servicios de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable relacionados con permisos anuales en materia de aguas residuales y aguas tratadas, aunque se incrementaron las tarifas por refrendos anuales.
Cabe destacar que la reforma original a la Ley de Derechos contemplaba modificaciones al sistema de cobro del Visitax; sin embargo, este apartado fue excluido tras el rechazo del sector hotelero a fungir como intermediario en el cobro de dicha contribución a turistas extranjeros.