CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 beneficiarios de los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez cuyos datos no pudieron ser validados mediante el cruce de información con el Registro Nacional de Población.
Las irregularidades fueron documentadas en el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025, que examinó la operación de los programas federales de becas dirigidos a estudiantes de educación básica, media superior y superior.
De acuerdo con los resultados de la auditoría, los recursos fueron entregados pese a que los registros de las personas beneficiarias obtuvieron resultados negativos durante el procedimiento de verificación de identidad.
La observación representa uno de los principales hallazgos de la fiscalización, debido al monto involucrado y al número de beneficiarios cuyos datos no coincidieron con la información del registro poblacional.
Sin embargo, el resultado negativo de la validación no demuestra por sí mismo que los beneficiarios sean inexistentes o que la totalidad de los recursos haya sido desviada. La auditoría identifica pagos realizados sin que se hubiera acreditado satisfactoriamente la verificación correspondiente.
Las revisiones también encontraron deficiencias en la distribución y activación de las tarjetas del Banco del Bienestar utilizadas para recibir los apoyos económicos.
Durante 2024, la institución bancaria dejó sin entregar 95 mil 960 tarjetas destinadas a beneficiarios de los programas. A pesar de ello, 94 mil 251 aparecían registradas como activas.
Esta situación contraviene el procedimiento establecido para la entrega de los medios de pago, según el cual las tarjetas deben activarse una vez que hayan sido recibidas por sus titulares, dentro de un plazo máximo de tres días hábiles.
La fiscalización identificó además mil 78 cuentas bancarias vinculadas con tarjetas que todavía no habían sido entregadas, pero que figuraban como activas y recibieron depósitos por un total de 8.6 millones de pesos.
Las observaciones abarcaron también los mecanismos utilizados para identificar y clasificar a las escuelas cuyos alumnos podían acceder a las becas federales.
En el Catálogo de Escuelas de Referencia se encontraron mil 842 claves de centros de trabajo que no pudieron localizarse en los registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Asimismo, los auditores identificaron 6 mil 500 escuelas que no cumplían con los criterios de priorización establecidos para la distribución de los apoyos.
En ese contexto, se documentaron pagos por 8.5 millones de pesos a mil 376 beneficiarios de educación básica inscritos en planteles clasificados como no prioritarios.
La revisión comprendió el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 2024, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina 2025, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Estos programas forman parte de la política federal de apoyos económicos a estudiantes, orientada a favorecer la permanencia escolar y reducir el abandono educativo.
Ante los hallazgos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre diversas acciones correctivas y preventivas destinadas a mejorar los procedimientos de registro, validación y entrega de recursos.
Entre las medidas reportadas se encuentra la corrección de 78 expedientes bancarios, así como la capacitación del personal responsable de integrar la documentación de los beneficiarios para reducir errores administrativos.
También se realizaron actualizaciones al sistema automatizado utilizado para distribuir los apoyos, con el propósito de fortalecer los controles sobre las operaciones.
La dependencia señaló que se establecieron mecanismos para generar evidencia documental del envío y recepción de los archivos utilizados en la dispersión de recursos, además de controles para dar seguimiento a las quejas presentadas por los beneficiarios.
Los resultados de la fiscalización exhiben deficiencias en la validación de identidades, la administración de tarjetas bancarias y los registros escolares utilizados para distribuir las becas federales.
Aunque la SABG informó sobre medidas para corregir parte de los problemas detectados, los datos de la auditoría no permiten establecer que todos los pagos observados correspondan a beneficiarios inexistentes ni que los montos señalados constituyan, en su totalidad, un daño patrimonial comprobado.