JOSÉ MARÍA MORELOS.- El alcalde de José María Morelos, Erik Borges Yam, enfrenta un nuevo nivel de escrutinio público tras la difusión de una investigación que documenta un presunto crecimiento patrimonial no acorde con sus declaraciones oficiales.
De acuerdo con el trabajo del portal Información Sin Límite Quintana Roo, sustentado en escrituras, registros de propiedad y operaciones notariales, el edil habría adquirido al menos una docena de predios y viviendas en municipios como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, además de mantener participación en diversas empresas en Quintana Roo y Yucatán.
La investigación señala que, tras asumir el cargo, Borges Yam inició la compra de propiedades en zonas de alta plusvalía, en algunos casos con valores por debajo del mercado. Entre 2022 y 2024 habría acumulado al menos 14 inmuebles, lo que contrasta con su declaración patrimonial, en la que reportó únicamente una vivienda en Kantemó y una participación del 1 % en una empresa.
Asimismo, se le atribuye participación en al menos cinco sociedades, entre ellas firmas del sector automotriz y de servicios con operaciones en Mérida y la Riviera Maya, lo que ampliaría significativamente su perfil económico.
El reporte también documenta la adquisición de predios en Tulum por montos cercanos a los 200 mil pesos, así como compras en la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen, en un contexto en el que el gobierno federal impulsa la regularización de tierras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).
Este punto ha generado cuestionamientos, ya que mientras familias esperan procesos de regularización, el edil habría accedido a la escrituración de terrenos, lo que podría implicar ventajas indebidas.
En materia financiera, el alcalde reportó ingresos anuales por poco más de 1.1 millones de pesos, principalmente derivados de su salario como presidente municipal, cifra que contrasta con el volumen de adquisiciones inmobiliarias y actividad empresarial que se le atribuye.
Adicionalmente, la misma investigación señala posibles irregularidades en la asignación de contratos de obra pública, mediante una presunta red de empresas vinculadas a funcionarios municipales, lo que habría derivado en un manejo opaco de recursos.
Hasta el momento, no se ha informado de investigaciones oficiales por parte de autoridades fiscalizadoras o anticorrupción. No obstante, la acumulación de documentación y señalamientos coloca el caso en el centro del debate público en la entidad.
El tema cobra relevancia en un contexto donde el discurso político en torno a la austeridad y la transparencia contrasta con acusaciones de enriquecimiento no explicado, particularmente en un municipio con altos niveles de rezago como José María Morelos.