La última palabra
• La nueva SCJN exhibe abusos del alcalde de Tulum y de la 17ª Legislatura, al declarar ilegal el cobro de casi 400 millones de pesos por alumbrado público.
• Por un lado, arenga a tulumnenses contra cobros de la federación por acceso a las playas y, al mismo tiempo, les establece cobros municipales desproporcionados e inconstitucionales por alumbrado público.
Por: Jorge A. Martínez Lugo.
Una vez más, el niño verde Diego Castañón Trejo muestra el cobre del que está hecho. Organiza marchas contra impuestos federales, pero con la complicidad de la 17ª Legislatura “inventa” impuestos municipales a tulumnenses invadiendo competencias federales.
Los recibos de energía eléctrica se han disparado, lo cual ha provocado justificada inconformidad ciudadana, tanto en contra de la CFE como en contra del gobierno municipal presidido por el regiomontano compadre de Jorge Emilio, a quien le ofrenda lealtad original, aunque vista casaca guinda.
Resulta que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de exhibir los abusos de los diputados locales de Quintana Roo que han obligado a los habitantes a pagar casi 400 millones de pesos en impuestos ilegales.
De acuerdo con una ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió finalmente una acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH desde el año 2024 en contra de la fórmula de pago del Derecho de Servicio y Mantenimiento del Alumbrado Público.
Este cobro se aplica actualmente en 7 de los 11 municipios de Quintana Roo, en 6 de ellos, de manera inconstitucional, según han considerado las nuevas ministras y ministros elegidos este año en votación popular.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2024 contra la Ley de Hacienda de Tulum, aprobada en diciembre de 2023, la SCJN consideró que el Congreso de Quintana Roo invadió facultades del Congreso federal.
Para las ministras y ministros, la fórmula que han adoptado los diputados de Quintana Roo establece una contribución cuya naturaleza es de un impuesto sobre el consumo y la energía eléctrica, y no de un derecho.
Se trata del párrafo que aparece tanto en las leyes de hacienda de cada municipio y en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo que autoriza a recuperar los costos del servicio a razón del 5% del consumo eléctrico de cada hogar y negocio.
La reforma aprobada de modo fast-track por la hegemonía 4T en la 17ª Legislatura, establece como base para calcular el monto de los derechos por concepto de alumbrado público, lo que los contribuyentes pagan a la CFE, como usuarios de servicio de suministro de energía eléctrica, lo cual implica que realmente se trata de una contribución que grava un hecho generador de la competencia federal, y por ello se produce una invasión de la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, dijo en su intervención la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
FAMILIAS FARMACÉUTICAS REEGIOMONTANAS
Por lo pronto, el farmacéutico regiomontano, igual que la familia de Jorge Emilio, mostró la incongruencia de su proceder político, motivado por el afán electorero que predomina en sus acciones rumbo a las elecciones 2027, en la que aspira a ser diputado federal, senador o gobernador, lo que salga. Usted tiene la última palabra.