El bestiario
El país del Morena vive el proceso electoral más violento de su historia reciente: las amenazas de muerte, los tiroteos en pleno mitin, secuestro de candidatos y el asesinato de 35 de ellos marcan “unos comicios locales con pocas garantías democráticas”, según el periódico español El País. A sus rivales les habían pintado bigote, perilla y algunos cuernos. A él, un lazo negro y un mensaje: descanse en paz. Una frase que en otro país, en plena campaña electoral, puede resultar una broma macabra, pero en México estos días significa una sentencia de muerte real. Tres semanas después de que intentaran asesinarlo a balazos, el candidato del PRI a la alcaldía de Morelia (Michoacán), Guillermo Valencia, se mueve con un chaleco antibalas, en una camioneta blindada y rodeado por cuatro hombres armados hasta los dientes. Cuando en la calle un vecino se acerca a saludarlo bruscamente, siente que se le sube el estómago a la garganta, sus músculos se contraen y él solo puede sonreír. La ley del plomo se ha impuesto en una contienda electoral en la que las reglas democráticas más básicas han saltado por los aires. Entre el crisol de partidos y siglas, no faltan candidatos que aspiran a formar parte de la élite de la plata ‘corrupta’ y no les importa incluso sacrificar hasta su propia vida.
El proceso electoral se ha convertido en el más violento de la historia reciente del país. Han sido asesinados desde septiembre al menos 35 candidatos —según las últimas cifras de la consultora Etellekt, registradas hasta el 30 de mayo—, en su mayoría a puestos municipales, y se han contabilizado más de 782 agresiones, incluidas amenazas de muerte, además de las que por razones obvias no se han denunciado y permanecen en la sombra. México se asoma a estas elecciones de este domingo en las que al menos una decena de aspirantes se ha retirado de la contienda por amenazas contra su vida o la de sus familiares; por motivos más horribles, como el asesinato o secuestro; porque han baleado su casa, sus coches o sus puestos de campaña, o bien, como en el caso de una excandidata, porque han arrojado a su esposo descuartizado en una cuneta.
Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, de Morena insistía esta semana en que el país “está en paz” y hay elementos suficientes para “garantizar la gobernabilidad”. La imagen de rincones del país en crisis de violencia en vísperas de los comicios más grandes de su historia —en los que se eligen hasta 2,000 cargos locales, se renueva la Cámara de Diputados federal y se eligen 15 gobernadores— es para el Gobierno poco más que una exageración mediática. Y eso pese a que, por su parte, algunos órganos electorales estatales hayan anunciado que al menos en 40 municipios es posible que los vecinos no puedan ni siquiera votar porque no existen condiciones de seguridad suficientes como para instalar una casilla. Tal es el caso de Aguililla (Michoacán), epicentro de la guerra de cárteles desde hace meses.
Santiago J. Santamaría Gurtubay
Desde el momento en que un candidato a alcalde de su ciudad tiene que hacer campaña con un chaleco antibalas para evitar un segundo ataque a balazos —y no es el único en el país— las garantías democráticas se desvanecen. Guillermo Valencia, Memo, como le gusta que lo llamen, se enfrentó desde el pasado 8 de mayo al macabro dilema de seguir arriesgando su vida en una democracia que gotea. “Ahora que lo intentaron y no me mataron, ¿voy a darles el gusto de retirarme?” Eran alrededor de las nueve de la noche cuando un coche con tres sicarios interceptó la camioneta de Memo Valencia. Un plan de última hora lo libró de una muerte casi segura. Había quedado con un amigo en su casa para ver una pelea de boxeo y antes de que sus agresores se dieran cuenta, se había cambiado de vehículo. La camioneta con su cara y su nombre seguía derecho por una de las principales avenidas de la capital de Michoacán. A bordo iban uno de sus escoltas —como activista amenazado, contaba desde hace años con seguridad federal— y dos compañeras de su equipo de campaña. Un coche les cerró el paso y dos hombres se bajaron del vehículo y comenzaron a disparar, otro les seguía desde dentro. La camioneta quedó como un colador: agujereada por 31 impactos. Una asistente y el escolta resultaron heridos en la pierna. Ninguno de ellos ha querido continuar. Este semana, Valencia repitió el recorrido de la noche del atentado y observa el cartel con la amenaza de muerte en la explanada de una colonia popular de Morelia, el lugar donde llevó a cabo el último evento electoral de ese día. Mientras se percata de la lona con su rostro y el lazo negro, un grupo de cuatro escoltas y un chófer rodean al candidato, pistola a la cintura y dos fusiles de asalto preparados en la camioneta. “Es muy difícil hacer campaña así. Lo lógico cuando intentan matarte es esconderte, pero yo tengo que salir a la calle, hablar con la gente, caminar. Cualquiera se puede acercar con una pistola y dispararme. Es el riesgo”, cuenta desde el salón de su casa. A un lado, sus dos hijas de dos y seis años saludan tímidas. Su esposa lo observa resignada: “No paro de llorar. Pero lo respeto mucho y lo apoyo”.
“Soy consciente de que huelo a pólvora”, apunta, golpeando duro contra su pecho protegido con una capa de kevlar
Un amigo le ha prestado un coche blindado en el que recorre sus últimas horas de campaña, detrás va el convoy de hombres armados que sortea el tráfico y maneja dispuesto a despejar cualquier vehículo sospechoso. Valencia habla desde el asiento trasero del coche y mientras lo hace no pierde de vista una ventanilla y la otra, esperando el momento en el que suceda lo que cree que lleva escrito en la frente: “Soy consciente de que huelo a pólvora”, apunta, golpeando duro contra su pecho protegido con una capa de kevlar. “¿Viste el vídeo de la de Moroleón? Quizá uno como estos la hubiera librado”, advierte Valencia. Unas horas antes, se había hecho público el vídeo en el que Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de ese municipio de Guanajuato (a 60 kilómetros de Morelia), fue acribillada a balazos mientras hablaba en un mitin rodeada de decenas de personas. En las imágenes se escuchan las detonaciones y cómo un tiro le impacta directamente en el tórax. También, esa misma semana, el candidato del Partido Verde a la alcaldía de Uruapan (Michoacán) había sido secuestrado. Y esa tarde del miércoles, las noticias abrían con el secuestro de la aspirante a la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón (en Guerrero), Marilú Martínez, y de toda su familia, que aparecieron unas horas después con vida. Las alarmas de que estas iban a ser las elecciones más violentas se dispararon con el homicidio del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme (Sonora), Abel Murrieta, el 13 de mayo. Murrieta era el abogado de la familia LeBarón, que en noviembre de 2019 fue objeto de un brutal atentado en el que perdieron la vida nueve de sus miembros, mujeres y niños que viajaban en furgonetas por Chihuahua. Su muerte, en uno de los Estados clave en estas elecciones —donde compite a gobernador el exsecretario de Seguridad de López Obrador, Alfonso Durazo— desató la indignación y visibilizó decenas de crímenes más contra candidatos en zonas marginales.
Suena el teléfono: “Lo sentimos, el número que intenta contactar cuenta con el servicio de restricción de llamadas entrantes”. Érika Cortés, del Partido del Trabajo, era candidata al municipio veracruzano de Cuichapa hasta que en un vídeo en sus redes sociales anunció que se retiraba. Las amenazas de muerte contra ella y su familia la obligaron a renunciar y estos días se encuentra alejada de los focos, esperando a que termine el infierno que comenzó el día en que se presentó a alcaldía de su pueblo. “Ni siquiera nosotros podemos hablar con ella”, cuenta un compañero de partido del Estado.
“El país está en paz”, insistía López Obrador, los periódicos de sucesos siguen reservando espacios en blanco antes del cierre
A unos 50 kilómetros de ahí, una funcionaria del órgano electoral de Veracruz, en el pueblo más pobre del Estado, Mixtla de Altamirano, anunciaba que no había suficiente convocatoria para que se llevara a cabo el debate esperado para presidente municipal. Francisca Morales (del PRI) se había retirado hacía una semana y media de la contienda. A su marido (exalcalde del municipio) lo secuestraron, asesinaron y arrojaron su cadáver descuartizado a una cuneta. Veracruz ha sido el Estado que más ataques a candidatos ha sufrido en este proceso electoral: de las 782 agresiones, 117 se dieron en esta región. Y uno de los representantes estatales del PRI explicaba por teléfono a este diario que solo en ese día, el martes, habían detenido ilegalmente a uno de sus compañeros, habían desalojado violentamente una manifestación y acababan de acribillar a balazos a un exmiembro del PRI, que en esta ocasión contendía por el PAN por la alcaldía de Yanga, Gerson Morales. Valencia señala el punto exacto en el que la camioneta con los rótulos de su campaña se detuvo y cambió de vehículo. “Si me hubiera ido a mi casa esa noche…”, no termina la frase. Si hubiera regresado directamente con su familia y no hubiera ido a ver una pelea de boxeo — “que ni me encanta el boxeo, era por ver a mi amigo”— lo habrían matado. Los hombres que disparaban a bocajarro contra el vehículo se acercaron a las ventanillas delanteras. “En el vídeo se observa cómo uno de ellos se adelanta con un arma corta hacia el vidrio. Si la ráfaga no me había dado, iba a rematarme”. Su compañera herida abrió la puerta y gritó que el candidato no estaba ahí. Y mientras el escolta trataba de enfrentar solo los balazos, los sicarios comprendieron que habían errado el tiro. Y huyeron.
El rosario de muertes y ataques armados se ha intensificado conforme se acerca el día de los comicios. Sin poder hacer todavía un diagnóstico de si el responsable ha sido el crimen organizado o criminales políticos de cuello blanco, desde hace al menos un mes no ha habido una semana en la que no se contabilizaran nuevas víctimas. “El país está en paz”, insistía este jueves López Obrador. Pero los periódicos de sucesos siguen reservando espacios en blanco antes del cierre. A tres días de la jornada electoral, cabe la pregunta de si el país asiste realmente libre y con plenas garantías para elegir a sus representantes. Si ante la violencia extrema en algunos municipios hay un espacio digno para la democracia.
Alma Barragán competía por la alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, la tercera aspirante de Movimiento Ciudadano que muere en 15 días
Una candidata electoral fue asesinada a balazos el martes por la tarde en Moroleón (50,000 habitantes, Guanajuato) cuando participaba en actos de campaña. Alma Barragán era la aspirante a la presidencia de ese pueblo por Movimiento Ciudadano, un partido que ha sufrido la muerte de su tercer político en menos de dos semanas. El 14 de mayo, las balas acabaron con la vida de Abel Murrieta en Cajeme (Sonora) también en una cita electoral. Y un candidato a síndico por Landa de Matamoros (Querétaro), Arturo Flores Bautista, fue hallado muerto el pasado domingo. En este último caso, el presunto homicida fue Emmanuel Trejo, hermano del candidato a la presidencia municipal de la demarcación por el PRI, Jonathan Trejo Ramírez. El coordinador nacional de la formación, Clemente Castañeda Hoeflich, ha condenado el crimen contra Barragán en las redes sociales y mandado su pésame a la familia. Además, ha solicitado el esclarecimiento de lo ocurrido y la condena de los culpables, algo difícil en México, donde las altas cotas de impunidad casi impiden hablar de justicia. El ataque contra la candidata por parte de varios hombres armados ha dejado heridas a dos personas más. Antes de que eso ocurriera, Barragán había dejado un vídeo en el que comunicaba su paradero e invitaba a los vecinos del lugar a acompañarla: “Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en La Manguita con Pedro Guzmán. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, para convivir un momento. Muchas gracias, aquí los espero”. Hasta allí llegaron los asesinos con sus pistolas. Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, fue asesinada este martes en un atentado que dejó a otras dos personas heridas. Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, fue asesinada este martes en un atentado que dejó a otras dos personas heridas.
México se acerca a uno de los comicios más grandes de su época contemporánea, donde se elegirán alrededor de 20,000 cargos, 15 gobernadores y los diputados de la Cámara de Diputados y de los congresos locales. Pero la violencia está siendo muy acusada, hasta el punto de limar la democracia en la que deben desenvolverse estos procesos. Rara es la semana en que no hay que lamentar un muerto y cada día se suceden las amenazas y las agresiones, no solo contra candidatos, también contra sus colaboradores y familiares. La violencia iguala ya esta convocatoria con la de 2018 y más de 230 candidatos han solicitado protección. No es fácil para ellos, puesto que para garantizarla deben informar a las fiscalías de la ubicación de sus actos electorales y no todos se sienten seguros al confiar esta información. A la espera de que se hagan públicos los últimos datos mensuales, ya se puede afirmar que las víctimas mortales se acercarán, si es que no superan esa cifra, a las 80, entre políticos aspirantes y candidatos; y las agresiones de toda clase se sitúan alrededor de las 500, un 64% más que en el mismo periodo de 2018. Es la segunda campaña más violenta desde 2000.
El mayor número de asesinatos se concentran entre los aspirantes a desbancar al partido que está gobernando, según la consultora Etellekt
Entre las agresiones se incluyen amenazas, como las de la candidata de Morena en Metepec (Estado de México), Gabriela Gamboa, contra la hija de su rival a la alcaldía. “Sabes con la niña lo que puedo hacer, ¿verdad? Recuérdaselo cabrón, ¿quieren putazos? ¡Los tienen, güey!”, se escucha en una grabación. El candidato de Va por México, Fernando Flores, la ha responsabilizado de cualquier cosa que pueda ocurrirle a su familia o a su equipo. Las amenazas no son bravuconadas en México, porque la muerte hace su presencia con facilidad cuando antes hubo avisos. En Valle de Bravo, la candidata a presidenta municipal de la coalición Va por México, Zudikey Rodríguez, recibió recientemente una advertencia: apártate o te apartamos. Y ha abandonado la campaña, al menos no hace acto de presencia en ella. El silencio alrededor de este asunto es ahora el protagonista. Los secuestros también son comunes en tiempo electoral. El candidato a síndico antes mencionado, Arturo Flores Bautista, fue secuestrado unos días antes. Y el diario El Universal informó el martes de que el candidato del Partido Verde Ecologista de México Omar Plancarte fue subido en Uruapan a un coche por la fuerza el martes por la mañana cuando salía de una de sus propiedades en el municipio de Villa Jiménez. Se desconoce su paradero. Uruapan (Michoacán) es una plaza complicada porque se trata de una de las ciudades más violentas de México.
Los datos que cada mes recaba la consultora Etellekt informan además de que estas elecciones ya se han cobrado la vida de 28 familiares de políticos, con cifras cerradas de abril, que con toda probabilidad se verán incrementadas al revisar mayo. Los candidatos municipales son el blanco favorito de los criminales, que buscan torcer el pulso a la soberanía del pueblo decidiendo con las balas quién puede o no asumir el gobierno de cada pueblo. No todo es atribuible al narcotráfico, según ha contado en varias ocasiones Rubén Salazar, presidente de Etellekt. Son muchos los intereses económicos y de poder que están en juego en estos lugares, en los que el cacicazgo no quiere soltar su posición predominante. Tan es así, que el mayor número de asesinatos se concentran entre aquellos candidatos que aspiran a desbancar al partido que está gobernando. Amenazas, secuestros, muertes. Las balas están silenciando muchas voces en esta campaña. Y con ellas se debilita cada día más la democracia en México. De poco parece servir el proyecto puesto en marcha por el Gobierno para dar protección a los candidatos. Los ciudadanos creen resignados que antes de que se abran las urnas, el 6 de junio, otros políticos habrán perdido la vida de forma violenta. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato dio a conocer la captura de Fernando ‘N’, a quien se le atribuye ser el presunto homicida de la candidata Alma Barragán.
Las encuestas confirman que garantizan al partido de Andrés López Obrador el control del Legislativo, incluso sin aliados
México se encamina, en apenas unas horas, hacia la contienda electoral más grande de su historia, en las que quedarán elegidos 20,000 cargos públicos, entre ellos, los gobernadores de 15 de las 32 entidades federativas y los 500 miembros de la Cámara de Diputados. La campaña lleva semanas desarrollándose en torno a un eje polarizador central, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, con un partido de Gobierno omnipresente y una oposición sin liderazgos y desdibujada. Los comicios del ‘6 de Junio’ marcan el ecuador del sexenio y la formación del presidente domina nítidamente las encuestas: casi 1 de cada 2 votos irían a Morena, según la media ponderada de los principales sondeos elaborada por El País, que se ciñe a la composición Cámara baja. A mucha distancia le siguen el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), alrededor del 17% cada uno. A más distancia se encuentran las fuerzas más pequeñas: la izquierda oficialista del Partido del Trabajo (PT), la tradicional ahora en la oposición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los pivotales verdes del PVEM, aliados de Morena en el Congreso, y Movimiento Ciudadano están entre los 2 y los 5 puntos porcentuales; pero todos ellos lograrían representación gracias a su diferencial implantación territorial. Los cuatro escenarios que arrojan los sondeos garantizan a Morena, que hoy tiene mayoría absoluta, el control de la Cámara con o sin el apoyo de otras formaciones.
La estabilidad de la carrera ha sido notable en los últimos meses. A mediados de 2020 hubo un punto de inflexión que marca un repunte de Morena. En efecto, al cumplirse dos años de la victoria de López Obrador y, a pesar de varias decisiones controvertidas y un cuestionado manejo de la emergencia sanitaria de la covid-19, una amplia mayoría de los mexicanos, el 68%, seguía aprobando la gestión del presidente. El desgaste de la acción de gobierno apenas le ha pasado factura y hace dos meses, en febrero, su aceptación se mantenía en porcentajes similares, un 65%, según estudios realizados por SIMO Consulting para El País. En todo caso, los datos sí reflejan más insatisfacción de la ciudadanía ante los feminicidios, en general la actitud del Ejecutivo con el movimiento feminista, la crisis de seguridad y la pandemia.
El viejo oficialismo del PRI y la oposición por la derecha del PAN y por la izquierda del PRD se han mantenido en unos niveles estables
Desde ese momento, a mitad del año pasado, Morena consolidó una cierta remontada que aún se mantiene, arrastrando hacia arriba a sus más cercanos aliados parlamentarios: PT y los verdes. También el centrista MC ha construido una tendencia al alza. Mientras tanto, el viejo oficialismo del PRI y la oposición por la derecha del PAN y por la izquierda del PRD se han mantenido en unos niveles estables, si acaso a la baja en el caso de los dos primeros. Estos puntos de estimación tienen una considerable incertidumbre. En los últimos meses, Morena ha marcado de 40% a 62% en las encuestas. Los márgenes son muy grandes también para PRI (13-27), PAN (14-23), PRD (2-8) y, de manera muy destacada, el Partido Verde: hasta 8 puntos, que le pondrían en una situación mucho más sólida que la que actualmente disfruta dentro del Congreso. Hay dos fuentes de incertidumbre en las estimaciones. La primera y natural es el cambio de contexto y, con él, de decisión de voto. Esto afecta menos a plataformas más establecidas, pero es particularmente importante para las pequeñas. Sobre todo aquellas como el PVEM que pueden depender de alianzas eventuales o de su posición con respecto al Gobierno. Los verdes se han deslindado, por ejemplo, de la polémica reforma energética, hoy atascada en los tribunales, cuyo impacto ambiental va a ser devastador si llega a ponerse en marcha, según la opinión unánime de los expertos. Sin embargo, han formado plataformas electorales con el oficialismo en varios territorios bajo el nombre de Juntos Hacemos Historia.
Estas elecciones y la composición de la Cámara de Diputados serán, en cualquier caso, determinantes para la segunda mitad del sexenio, en la que López Obrador está decidido a dejar una huella en la historia del país con su proyecto de la llamada Cuarta Transformación. El presidente ya ha dado varias señales de ello al hacer bandera de algunas cuestionadas reformas estructurales. En primer lugar, su plan energético, que supone un intento de re-nacionalización de facto del sector eléctrico y el de los hidrocarburos, con el rescate de dos empresas estatales: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex. En segundo lugar, la reforma de la justicia, con la que está forzando un pulso sin precedentes con el Poder Judicial y que, de momento, se traduce en la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y un choque abierto con el Instituto Nacional Electoral (INE).
El partido de gobierno lograría una mayoría calificada aliándose con los que hasta ahora han sido sus socios preferenciales: el PT y el PVEM
El organismo inhabilitó a dos candidatos oficialistas, uno de ellos, Félix Salgado Macedonio, muy próximo al mandatario y denunciado por violación, y aprobó un mecanismo para poner coto a las bancadas de las mayorías para que no haya trasvase de diputados entre partidos que se presentaron en coalición. López obrador denunció “un complot” para arrebatarle la mayoría y Morena impugnó estas decisiones. El Tribunal Electoral era de pronunciarse sobre ellas en medio de una enorme presión del Gobierno y de la cúpula del partido. Otro de los motivos de incertidumbre en los estudios de opinión es la variación técnica entre encuestas. Tamaños de muestra, sesgos de casas encuestadoras y mercados ocultos tienen un papel en México, como en cualquier país, donde se mezclan sondeos con aproximaciones distintas. Aunque las aquí seleccionadas cumplen con unos criterios mínimos de calidad y transparencia, incluso entre ellas se dan diferencias importantes. Por ejemplo, entre aquellas que realizan un trabajo de campo en persona y otras que lo hacen por vía telefónica. Las segundas tienen la ventaja de la agilidad y la rapidez; las primeras son más arduas pero consiguen mejores ratios de respuesta y llegan a poblaciones que suelen responder menos a las llamadas. Todo ello hace más difícil ser certero con los pronósticos, añadiendo valor a la disponibilidad de aquellos que agregan varios con una metodología clara.
Considerando las diferencias técnicas, el agregador Oraculus, con el politólogo y encuestador Javier Márquez a la cabeza, propone un pronóstico que va más allá de la media ponderada de encuestas. Para proyectar la traducción del voto a curules en la Cámara, Oraculus aplica un modelo multinivel en el que las encuestas realizadas en hogares tienen un papel vertebral en la definición de la tendencia para cada empresa de sondeos, a lo que se añade las de alta calidad por vía telefónica. Como paso previo, el modelo evalúa desviaciones históricas entre los distintos niveles territoriales para, con todo ello, poder reconstruir una serie de simulaciones informadas (hasta 10.000). La acumulación de simulaciones en ciertos puntos informa de cuáles son los escenarios más probables. De ellos, la proyección central de Oraculus le otorga una casi-mayoría absoluta a Morena, que de hecho podría perder la que ahora disfruta. A cambio, el partido de gobierno lograría una mayoría calificada aliándose con los que hasta ahora (y con vaivenes en los últimos tiempos) han sido sus socios preferenciales: el PT y el PVEM. De hecho, aunque solo en 1 de cada 4 simulaciones del modelo Morena lograría mantener su actual absoluta, la calificada de la suma con PVEM y PT se da en casi 1 de cada 2.
La fórmula de coalición ‘Va por México’, una suerte de ‘Todos contra Morena’ para “rescatar” al país, acabó resquebrajándose
El mandatario ya ha amagado con reformar la Constitución si finalmente la reforma eléctrica es declarada inconstitucional y para la consolidación de sus planes necesita al Congreso. Los sondeos apuntan a un final de mandato lleno de incógnitas, porque, si bien la oposición ciudadana -encarnada recientemente, por ejemplo, por la indignación del movimiento feminista- tiene cada vez más presencia, la oposición institucional y parlamentaria adolece de impulso y caras. La fórmula de coalición ‘Va por México’, una suerte de ‘Todos contra Morena’ que echó a andar las pasadas Navidades con el objetivo de “rescatar” al país, acabó resquebrajándose y tiene previsiones más que inciertas en los territorios. La desarticulación opositora queda reflejada en todas las encuestas. Mientras tanto, López Obrador hace campaña todos los días desde la tribuna de sus conferencias de prensa matutinas, las mañaneras, que marcan la agenda, le sirven para liberar batallas políticas, y fijar los términos del debate. Los modelos de pronóstico como este son útiles para entender mejor el espacio de incertidumbre. Una manera de concretarlo es observar otras posibilidades que, pese a ser menos probables según las simulaciones, no caen en lo imposible. Considerando dos vectores de cambio, la fuerza del oficialismo frente a oposición y de las “cuartas fuerzas” frente a las grandes, podemos otear cuatro escenarios alternativos.
Oficialismo fuerte. Cabe la posibilidad de que a Morena en particular y a sus socios habituales les vaya mejor de lo esperado. En este escenario, López Obrador contaría de nuevo con un partido fiel con mayoría absoluta en la Cámara baja que revalidaría el resultado de 2018. Oposición fuerte. Ni siquiera ante este horizonte, los partidos tradicionales de la oposición tendrían opciones para arrebatar a Morena el dominio de la Cámara, aunque sí contarían con una base más sólida para articular una campaña electoral con vistas a las presidenciales de 2024. Pequeños fuertes. El contexto de erosión relativa en ciertas capas sociales del partido de López Obrador podría combinarse con la falta de arranque de las plataformas tradicionales claramente ubicadas en la oposición (PAN, PRI) para desviar apoyos y curules resultantes a formaciones más pequeñas. Paradójicamente, y dependiendo de la fuerza alcanzada por PVEM y PT (así como de la confirmación o ruptura de sus alianzas con Morena), esto podría acabar salvando las mayorías del propio poder ejecutivo en el legislativo. Grandes fuertes. Si a Morena le va bien a costa de fagocitar parte del voto de PT y PVEM, podría consolidar su actual mayoría absoluta a costa de perder la calificada que tiene al alcance de la mano. En cualquiera de los casos, a través de las alianzas tendría garantizado el control de la Cámara. Metodología y fuentes. Las encuestas incluidas siguen la selección del agregador Oraculus. Para obtener nuestra media a día de hoy, le aplicamos a las encuestas de los últimos cinco meses (incluyendo el mes corriente) una doble ponderación de tiempo (las más recientes pesan más) y frecuencia (un peso proporcional al número de encuestas de cada casa, para evitar que una sola empresa domine la estimación). La tendencia hacia atrás se dibuja de manera aproximada como una media móvil de los últimos sondeos publicados en cada momento. Los escenarios se extrapolan del modelo de pronóstico de Oraculus, escogiendo su proyección como escenario central y definiendo cuatro escenarios alternativos.
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