CHIHUAHUA.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, afirmó que mantendrá una postura de oposición frente al gobierno federal y aseguró que continuará defendiendo los intereses de su estado “sin temor a represalias”, pese a las presiones políticas y señalamientos recientes en torno al operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, la mandataria estatal señaló que muchos gobernadores prefieren evitar confrontaciones con la Federación para no poner en riesgo recursos, apoyos extraordinarios o la relación institucional con la Presidencia, aunque consideró que actualmente “se están destruyendo las instituciones del país”.
Campos calificó como “una mentada” las acusaciones en su contra por supuestamente permitir la participación de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en Chihuahua, y aseguró que su gobierno únicamente ha actuado para combatir al crimen organizado y evitar que las drogas lleguen a jóvenes y menores de edad.
La gobernadora sostuvo que desconocía la presencia de agentes estadounidenses en dicho operativo y aclaró que no tiene facultades para autorizar su ingreso o participación en territorio nacional, responsabilidad que corresponde al gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Además, defendió la estrategia de seguridad implementada en Chihuahua, donde —dijo— se ha asumido el mando único en 17 municipios y se ha fortalecido a las corporaciones policiales mediante incentivos y mejores condiciones laborales.
Durante la conversación, la mandataria también criticó el trato diferenciado que, a su juicio, existe entre su caso y el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
“A Maru la juzgan sin pruebas y al gobernador con licencia de Sinaloa le exigen pruebas”, expresó, al acusar que mientras ella enfrenta señalamientos públicos, otros funcionarios son protegidos políticamente.
Campos cuestionó además el citatorio promovido desde el Senado para que comparezca por el operativo en Chihuahua, al señalar que la Cámara Alta no tiene facultades para obligar a comparecer a un gobernador en funciones.
También criticó que entre quienes impulsan el llamado se encuentre el senador morenista Enrique Inzunza, a quien vinculó con los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra exfuncionarios de Sinaloa.
La mandataria panista denunció además un ambiente de persecución política, uso faccioso de instituciones y presiones desde el poder federal, asegurando que “nunca había existido tanta extorsión e hipocresía” como en la actualidad.
Respecto a la llamada telefónica que aseguró haber recibido de la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el tema del operativo, Campos explicó que no pudo responder en ese momento debido a reuniones de trabajo, pero posteriormente intentó devolver la comunicación sin obtener respuesta.
Finalmente, reiteró que está dispuesta a dialogar con la mandataria federal y sostuvo que su administración no tiene nada que ocultar. “Siempre he dado la cara y he estado apegada al Estado de derecho”, concluyó.