Recientemente, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a las acciones emprendidas por el Ejecutivo de Quintana Roo en Tulum, donde ante la violencia desaforada y los nexos de la autoridad municipal y las mafias, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP) tomó el control total de la seguridad en el Municipio. Sin embargo, la noticia fue más un recurso mediático en tiempos electorales que propia de una medida de valor y de alcances mayores, pues las cosas no cambian, ni en Tulum ni en ninguna otra parte de la entidad, y mucho menos en las ciudades de superior dinamismo turístico, económico y poblacional, donde ejecuciones y demás delitos de alto y bajo impacto siguen su curso irremediable, lo que ha provocado la protesta de los empresarios, afectados de por sí por la pandemia, debido a que todos los días se reportan asaltos a negocios y viviendas. Sabiendo que no pueden esperar mucho de sus autoridades, tanto comerciantes como ciudadanos de a pie han tenido que invertir en la compra e instalación de alarmas y cámaras de vigilancia, que son más efectivas que toda una Secretaría Estatal de Seguridad Pública que, en 2019, bajo las órdenes de Jesús Alberto Capella Ibarra, adquirió mil 800 videocámaras con un exagerado presupuesto de casi 3 mil millones de pesos y de las cuales nadie sabe nada. Y ahora Chetumal y Bacalar, por ejemplo, donde sólo crecían la violencia y el delito comunes -propios del expansionismo de la marginalidad, la irregularidad y el caos en las urbes donde no hay gobierno, o los gobernantes hacen de su responsabilidad una patente para el lucro-, hoy también están a merced del ‘narcoterror’ y sus negocios de drogas, extorsión, asaltos, prostitución y otros giros de ese crimen organizado, y, el crecimiento de ese mercado y de su utilidad en ellas, supone la intención de aniquilamiento de la competencia de los grupos armados y el incremento de las guerras, los muertos y la sangre, asociados a la corrupción, la impunidad y lo único que no crece en ninguna parte: la eficacia institucional y la ética de los responsables de garantizar la seguridad y el Estado de derecho.
En los últimos meses, la multiplicación del crimen de todo orden se ha convertido en un suceso ordinario en la zona sur del Estado, ante el desmedido crecimiento de la marginalidad y la irregularidad urbanas en Chetumal y Bacalar, el incremento de la demanda y el tráfico de drogas con el despegue turístico de la segunda ciudad, y la corrupción y la inoperancia de las autoridades locales implicadas en la evolución del delito.
El año pasado, las acciones implementadas por las autoridades para contener la pandemia, como fueron la suspensión de actividades económicas, el cierre de vías y el incremento en el patrullaje, fueron irrelevantes ante la actividad delictiva.
Este año, los delincuentes incrementaron sus ataques. Y tan sólo en lo que va de abril se han registrado seis homicidios en la capital del Estado y dos en Bacalar. Y ni hablar de los robos a vehículos y viviendas.
Cansados de la inseguridad, los empresarios han alzado la voz para exigir a las autoridades detener la vorágine del crimen de una vez por todas, pues ninguno de los operativos anunciados ha sido útil, empezando por la instalación de mil 800 cámaras de vigilancia, de las cuales ni la mitad han sido colocadas ni mucho menos conectadas al C-4, pese a que se invirtieron casi 3 mil millones de pesos en ellas.
En 15 días de abril, 8 homicidios en el Sur
De acuerdo con el informe de Incidencia Delictiva total de febrero pasado, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Quintana Roo se ubicó en el lugar número 14 de los Estados con más delitos a nivel nacional, con 3,447, de los cuales 46 fueron homicidios dolosos, sobrepasando los 29 registrados en el primer mes del año.
Con un mes de marzo más activo en cuanto a muertes, que incluyó el lamentable asesinato de una mujer salvadoreña a manos de policías de Tulum, el mes de abril registró en su primera quincena 29 homicidios, seis de los cuales ocurrieron en Othón P. Blanco y dos en Bacalar.
Debido a que el SESNSP recopila la información de los principales medios de comunicación de las entidades, el primer crimen reportado en abril fue el ocurrido el 31 de marzo, en la Colonia Proterritorio de Chetumal, en donde sicarios esperaron la llegada de un hombre identificado como Miguel Ángel Salas, conocido como ‘El Chocoflán’ o ‘El Ojo de Flan’, a quien dispararon en al menos siete ocasiones para luego escapar en una motocicleta.
(El hoy occiso fue testigo protegido en el caso contra Karla Blancas Pizaña, exfuncionaria borgista que fue condenada a 30 años de prisión por el asesinato de su esposo, Marco Aurelio Gutiérrez Vélez, razón por la que el 11 de junio de 2019 Salas fue atacado en su vivienda, logrando sobrevivir esa vez).
Los siguientes crímenes ocurrieron los días 2, 6, 10, 14 y 15 de los corrientes, siendo el día 14 el que más ejecuciones tuvo, con tres: dos en Bacalar (dos hombres fueron encontrados muertos en el interior de una ambulancia ‘pirata’, estacionada en el kilómetro 4.5 de la carretera Bacalar-Felipe Carrillo Puerto) y uno en Chetumal (un motociclista acribillado en la Avenida Universidad, una de las vías más peligrosas de la ciudad, debido a la falta de alumbrado público). Como se mencionó anteriormente, en ninguno de estos casos hubo detenidos.
El millonario negocio de Capella
En abril de 2019, el entonces titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), Jesús Alberto Capella Ibarra, anunció con bombo y platillo que había comenzado el proyecto de colocación de un circuito de mil 800 cámaras de vigilancia en las ciudades más importantes del Estado, 10 meses después de que la XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó vía ‘fast track’ utilizar hasta dos mil 900 millones de pesos para adquirir “herramientas tecnológicas” para Cancún, incluyendo tres arcos de acceso, 450 puntos de monitoreo y botones de pánico.
Capella aseguró que dichas herramientas servirían para garantizar la seguridad y afirmó que ya habían comenzado a dar resultados, al ayudar en la detención de presuntos criminales. Sin embargo, sólo se habían instalado 812 cámaras hasta ese mes y no volvió a hablar de ello.
(En el vecino Estado de Yucatán, se anunció ese mismo año un programa de vigilancia similar, aunque con tres mil 500 videocámaras y un costo mucho menor: 2 mil millones de pesos.)
Mientras tanto, en Chetumal, habitantes de fraccionamientos y colonias habían comenzado a organizarse para comprar cámaras de seguridad e instalarlas en sus zonas, al considerar que es inútil seguir confiando en las corporaciones policiacas.
El sector empresarial de la capital comenzó a pensar de manera similar. Graciela Aceves Jiménez, del Centro Coparmex, informó que los robos estaban frenando la llegada de grandes inversiones, por lo que los empresarios estaban dispuestos a poner de su bolsillo para instalar cámaras de circuito cerrado que puedan grabar e identificar a los delincuentes.
Empresarios piden explicaciones
Tras dos años de la noticia de Capella, quien a pesar del fallido operativo policiaco de noviembre pasado en Cancún continúa siendo titular de Seguridad Pública en el Estado, los empresarios de la zona sur comenzaron a pedir explicaciones sobre la compra e instalación de las videocámaras.
Eloy Quintal Jiménez, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se reunió con el encargado de despacho de la SESP, Lucio Hernández, quien le aseguró que la instalación de las cámaras continuaría, aunque no dio fecha ni costos.
Se dijo que 240 de las mil 800 cámaras serían instaladas en la capital del Estado, pero que actualmente sólo se ha colocado la mitad. Y no todas están conectadas al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C4).
Quintal Jiménez se dijo preocupado, porque si los robos presentaron un alza en el último trimestre del año pasado, con las actividades regresando a la normalidad, la delincuencia y la violencia también aumentarían. Por ello, dijo, es necesario que las cámaras estén funcionales.
Cuestionado al respecto, el fiscal general, Óscar Montes de Oca Rosales, aceptó no sólo que aún faltan cámaras por conectar en Chetumal, pese a que facilitan las detenciones y sirven como prueba en los juicios, sino que los patrullajes en la ciudad también han disminuido.
Según José Luis Mingüer, presidente de la Coparmex en Chetumal, este incremento en la delincuencia terminará por afectar la imagen del sur del Estado, inhibiendo la llegada del turismo tanto a la capital como a Bacalar y poblados circunvecinos. Explicó que patrullajes como los implementados por policías y soldados sirven de muy poco, porque los delitos no hacen más que subir.