COZUMEL.- El presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, ha sido señalado públicamente por diversos colectivos y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de intentar desviar la responsabilidad del presunto agresor, un militar ya detenido, hacia los propios padres de la niña y de la propia menor, declaraciones que a la fecha han generado indignación social.
Ángel Salvador Mis, tercer visitador de la CEDH informó que ya existe una queja formal por probables violaciones de derechos humanos cometidas durante la atención del caso. “Ya tenemos una queja y la estamos atendiendo; estamos en contacto con autoridades nacionales para darle puntual seguimiento”, declaró el funcionario.
Y es que, el sábado pasado (30 de agosto) a la medianoche habitantes de Cozumel se manifestaron frente a las instalaciones de la Guarnición Militar para exigir que entregaran al militar que había violado a una menor de nueve años, a quien con engaños introdujo al complejo viviendístico mientras ésta vendía chicharrones de harina en la vía pública.
Después de horas de activismo social, hasta el grado de vandalizar las instalaciones militares, el alcalde José Luis Cachón Méndez, lanzó sus declaraciones revictimizadoras, lo que representa una forma de violencia institucional que puede tener consecuencias tan graves como el delito original, al obstaculizar el acceso a la justicia y exponer nuevamente a la víctima.
Durante esta semana, colectivos feministas, activistas y ciudadanos exigen que se investigue a fondo no solo al militar, sino también a las autoridades que, en lugar de proteger a la niña y a su familia, intentaron justificar lo injustificable.
Un colectivo más que levanta la voz es “Colectiva Nacional 50+1”, quienes fijaron su postura hoy y recuerdan que el Gobierno del Estado no dejarà el caso en la impunidad; así como solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asumir sus responsabilidades y “garantizar que no exista encubrimiento ni complicidad”.
La Colectiva Nacional 50+1 condena enérgicamente la inaceptable agresión cometida en Cozumel, Quintana Roo, donde un militar, identificado como Jairo “N”, fue detenido por su presunta participación en el abuso sexual de una niña de nueve años que vendía chicharrones en el interior de una guarnición militar.
Exigimos justicia plena y reconocemos la actuación de la Gobernadora Mara Lezama, quien ha dado seguimiento puntual al caso y ha manifestado que en su gobierno no habrá impunidad ni tolerancia frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
En 50+1 demandamos que este compromiso se traduzca en un proceso judicial ejemplar y con castigo acorde a la gravedad de los delitos y que haya cero tolerancias a la revictimización por parte de funcionarios públicos, incluido el alcalde de la localidad, así como responsabilidad institucional y no impunidad de la Defensa Nacional, que debe asumir su responsabilidad en la custodia de instalaciones donde ocurrieron los hechos y garantizar que no exista encubrimiento ni complicidad.
Desde la Colectiva Nacional 50+1 exigimos verdad, justicia y reparación integral. Las niñas no se tocan, no se violan, no se venden, no se revictimizan. La protección de la infancia es un deber ineludible del Estado Mexicano.
Fuente: Agencia SIM
