CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados prevé aprobar una reforma para sancionar con hasta dos años de prisión a quienes utilicen la violencia para impedir el acceso a playas, ríos, lagunas, caminos federales y otros bienes nacionales de uso público.
El dictamen contempla la adición del artículo 254 Quáter al Código Penal Federal, con el objetivo de castigar a quienes restrinjan, obstaculicen o condicionen el libre acceso a estos espacios mediante intimidación o actos violentos.
De acuerdo con la propuesta, se impondrán penas de seis meses a dos años de cárcel a quien, por sí o a través de terceros, limite el acceso a bienes como playas marítimas, ríos, lagos, cauces, zonas federales y caminos, siempre que la conducta implique violencia.
La misma sanción aplicará para quienes, tras ser requeridos por la autoridad competente para restituir el acceso conforme a la Ley General de Bienes Nacionales, mantengan la restricción.
En la exposición de motivos, los legisladores reconocen que, aunque existen disposiciones legales para garantizar el libre acceso, estas han sido insuficientes para frenar la privatización de espacios públicos.
Recordaron que en octubre de 2020 se reformó la Ley General de Bienes Nacionales para asegurar el acceso a las playas del país; sin embargo, señalan que las denuncias por restricciones han aumentado en distintas entidades.
El dictamen advierte que estas prácticas vulneran derechos constitucionales como el libre tránsito y el acceso a bienes de uso común, afectando tanto a ciudadanos como a comunidades costeras.
Por ello, se plantea fortalecer el marco legal mediante sanciones penales, al considerar que las medidas administrativas actuales no han logrado disuadir estas conductas.