PLAYA DEL CARMEN.- La propuesta para convertir el Gran Acuífero Maya, el sistema de ríos y cuencas subterráneas de la Península de Yucatán, en un Área Natural Protegida (ANP) registra un avance técnico del 80 por ciento y contempla la conservación de aproximadamente 2.5 millones de hectáreas distribuidas entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
Pedro Álvarez Icaza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), informó que los estudios técnicos justificativos se encuentran en su etapa final de elaboración y próximamente serán presentados para iniciar el procedimiento de dictaminación correspondiente.
El proyecto busca establecer mecanismos de protección para el denominado acuífero maya, un sistema hídrico subterráneo cuya conservación plantea desafíos particulares debido a la necesidad de regular los impactos de las actividades que se desarrollan sobre la superficie.
El funcionario aclaró que el avance reportado corresponde a la preparación de los estudios y no significa que la declaratoria de protección ambiental ya haya sido aprobada.
Explicó que uno de los principales retos consiste en definir las condiciones bajo las cuales podrán conservarse las cuencas y los ríos subterráneos sin perder de vista las actividades económicas y las obras de infraestructura existentes o previstas en la región.
“No es una reserva fácil porque estamos reservando subsuelo, las cuencas y ríos subterráneos y tenemos que buscar cómo va a ser el equilibrio con lo de arriba”, señaló Álvarez Icaza.
A diferencia de otros proyectos de conservación que se concentran principalmente en ecosistemas terrestres, esta propuesta tiene como objetivo proteger recursos naturales ubicados bajo la superficie, lo que exige analizar su relación con los distintos usos del territorio.
En ese sentido, la Conanp deberá definir mecanismos que permitan armonizar la conservación del sistema hídrico con las actividades turísticas y el desarrollo de infraestructura en los tres estados de la Península de Yucatán.
El titular del organismo indicó que, una vez concluidos y presentados los estudios técnicos justificativos, estos deberán someterse al dictamen formal correspondiente antes de continuar con las siguientes etapas del procedimiento.
Posteriormente, la propuesta será publicada para abrir un periodo de consulta pública, durante el cual la ciudadanía tendrá oportunidad de conocer sus alcances y expresar opiniones sobre las medidas de conservación planteadas.
Esta fase permitirá recoger observaciones relacionadas con la protección del subsuelo y su interacción con las actividades que se realizan en la superficie, aspectos que forman parte de los principales desafíos del proyecto.
Álvarez Icaza sostuvo que la intención es establecer condiciones de conservación que resulten compatibles con el funcionamiento de la infraestructura y con la actividad turística regional, aunque los mecanismos específicos para alcanzar ese equilibrio todavía deberán definirse.
La superficie propuesta, de alrededor de 2.5 millones de hectáreas, comprende territorio de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, por lo que la iniciativa tendría un alcance regional y no se limitaría a una sola entidad.