CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo, aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en Quintana Roo, rechazó cualquier vínculo con la llamada “mafia rumana” y aseguró que los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción durante su paso por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) forman parte de una campaña para frenar sus aspiraciones políticas.
Marín Mollinedo sostuvo que su nombre no aparece en investigaciones de autoridades mexicanas o estadounidenses relacionadas con esa organización criminal, luego de la polémica generada por los señalamientos contra Alejandro Enrique Arcos Romero, quien formó parte de su equipo de trabajo.
Explicó que existe una lista de más de 50 personas cuyas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a presuntas relaciones comerciales con integrantes de esa red. Reconoció que entre ellas se encuentra Arcos Romero, además de empresarios y personajes de la política quintanarroense.
Sin embargo, puntualizó que se trató de medidas administrativas y afirmó que él no está incluido en esa relación.
“No aparezco en ninguna lista […] donde se me pueda acusar de algún delito o algún acto indebido cometido en mi vida pública y privada”, declaró.
Atribuye señalamientos a su crecimiento
El aspirante morenista calificó las acusaciones como una “campaña de difamación, de mentiras y de calumnias vil y desleal” y sostuvo que detrás existe una “mafia del poder” interesada en afectar su imagen, así como a Morena y a la Cuarta Transformación.
Marín Mollinedo relacionó lo que calificó como una “guerra sucia” con su posicionamiento dentro de la competencia política rumbo a la sucesión gubernamental en Quintana Roo.
Por el momento descartó emprender acciones legales y afirmó que serán los ciudadanos quienes valoren las acusaciones y su trayectoria.
Defiende gestión en Aduanas
Marín Mollinedo también respondió a cuestionamientos sobre las irregularidades detectadas durante su gestión al frente de la ANAM y sostuvo que quienes hayan participado en actos de corrupción deben enfrentar las consecuencias legales.
En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, afirmó que durante su administración fueron detectadas operaciones presuntamente irregulares relacionadas con la empresa Ingemar, vinculada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo.
Según su versión, fueron descubiertos ferrotanques que declaraban transportar 10 mil litros de combustible cuando en realidad contenían hasta 320 mil litros.
El exfuncionario reconoció que para realizar este tipo de operaciones necesariamente debió existir participación de personal relacionado con las actividades aduaneras.
“Claro que sí”, respondió al ser cuestionado sobre una posible colusión de agentes aduanales, aunque rechazó que esas irregularidades puedan ser atribuidas directamente a su gestión: “A mí que no me anden señalando de corrupto”.
Respecto de Ruffo, evitó responsabilizarlo directamente y señaló que corresponde a las autoridades determinar su eventual participación.
“No soy juez ni nada, simplemente él aparece como socio, de los principales socios, no sé cuál era el modus operandi de la empresa”, expresó.